La "senda verde" de diez kilómetros entre Pontevedra y Arcade a través de las viejas vías del tren en desuso vuelve a quedar en el tintero. El Ministerio de Fomento ha cerrado una vez más la puerta a la ejecución de esta demanda histórica al reiterar que este trazado ferroviario no puede ser desafectado como tal y, por tanto, su cesión para uso peatonal y ciclista no es posible.

Se frustra así, al menos por el momento, una iniciativa que comenzó a activarse en 2013, cuando entró en servicio la doble vía del Eje Atlántico entre Pontevedra y Pontesampaio y dejó de utilizarse el antiguo trazado. Han pasado seis años sin que ningún convoy circule por esas abandonadas vías, pero Fomento se resiste a desprenderse de ellas.

Ninguna de las promesas de los sucesivos ministros y altos cargos -la última de ellas por parte de la subdelegada del Gobierno, Maica Larriba- se han cumplido y un nuevo ejemplo se produjo en la última Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados, celebrada el pasado 20 de febrero. Esta comisión aprobó una propuesta de la diputada de En Marea Alexandra Fernández en la que se insta al ministerio a ceder las vías en desuso entre Pontevedra y Vigo para crear ese recorrido peatonal y ciclista, pero el PSOE quiso excluir expresamente el tramo entre la capital y Arcade.

Aunque la iniciativa fue aceptada, lo hizo sin el voto a favor del PSOE y del PP. Ambos defendieron la idoneidad de la movilidad en bicicleta y sus ventajas, pero los dos grupos optaron por la abstención. Los socialistas lo hicieron porque no es técnicamente posible esa cesión e incluso formularon una enmienda para eliminar el tramo aludido del acuerdo, mientras que el PP apela al complejo mantenimiento posterior para evitar su apoyo.

El acta de aquel debate es muy elocuente. Por parte del PSOE intervino Ricardo García Mira, quien dejó claro que la pretendida "vía verde" presenta "algunos problemas técnicos que tienen que ver con el tramo de Arcade a Pontevedra", y subrayó que "el pasado mes de diciembre el Ministerio de Fomento informó al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) de que no es posible la desafectación de este tramo, debido a que en la planificación se contemplaba la reutilización de esta línea en el caso de cambio de ancho del eje atlántico de alta velocidad".

El diputado admitía que cabía una posibilidad: "Como no es posible determinar las fechas de su posible reutilización por el servicio ferroviario, se permite a Adif que analice la posibilidad de efectuar una concesión administrativa del tramo a los ayuntamientos u otra fórmula similar, siempre y cuando sea posible recuperar la infraestructura ferroviaria para su uso si así fuera necesario".

Pero esta opción obligaría a prever la recolocación de las vías, como alerta Adif, una solución que ningún concello aceptaría. De hecho, el propio García Mira reconoce que la cesión sería imposible "salvo que los ayuntamientos estuvieran en disposición de deslindar ambas líneas (la vieja y la actual) y construir cerramientos de separación, con los condicionantes técnicos y de seguridad que les puede exigir Adif.

Negociar con los concellos

Explicaba también que "desde el Gobierno se ha planteado que, al no darse la desafección para el uso ferroviario en este tramo entre Arcade y Pontevedra, correspondería a Adif analizar, conjuntamente con los ayuntamientos interesados, las fórmulas jurídicas que dieran soporte a una iniciativa de este tipo, considerando los criterios sobre recuperación para su uso como infraestructura ferroviaria con carácter previo a los trámites de cesión".

En el debate, el grupo socialista planteó "eliminar de la proposición este tramo entre Pontevedra y Arcade mientras que no se solucionen los planteamientos técnicos que pudieran comprometer el futuro trazado del eje atlántico. Básicamente, no somos contrarios al planteamiento de que exista una red susceptible de recorrerse en bicicleta y tenemos la firme voluntad de salvar todos los obstáculos que puedan surgir, porque el diálogo entre administraciones es lo que permite que el territorio pueda ser mejor diseñado y gestionado que si cada administración trabaja por separado", aunque el acuerdo final no encontró su apoyo expreso.