El Tribunal Supremo acaba de dar carpetazo de forma definitiva a un controvertido proceso judicial que llevó en el año 2017 al banquillo de los acusados a un perito contratado por la Xunta y a un empresario ribadumiense, pariente del entonces presidente de la Diputación, Rafael Louzán, como autores de un delito de falsedad en documento oficial, estafa y también un delito contra la hacienda pública en el caso del empresario.
Este último es Juan Luis Abal Piñeiro, titular de la cantera Áridos de Curro, que fue expropiada por 1,2 millones de euros para la construcción del conocido como macroenlace de Curro. El fiscal acusó al perito y al empresario de concertarse para inflar el precio de la cantera, pero ambos resultaron absueltos en una sentencia dictada en junio de 2017 por la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra.
No obstante, aquel fallo condenó a Juan Luis Abal a una pequeña pena de cuatro meses de prisión y 90.000 euros de multa por delito fiscal, dado que ocultó a Hacienda los beneficios obtenidos con aquella expropiación y no regularizó su situación haciendo una declaración complementaria hasta que fue citado por la Fiscalía para declarar como investigado. Entonces ingresó al fisco 379.571 euros.
Multa a la mitad
Además, el fallo imponía una multa de 200.000 euros a la empresa Áridos de Curro. Aquel fallo decretaba también la entrega definitiva a Hacienda de los 379.571 euros ingresados.
El fallo fue recurrido ante el Supremo por la defensa de Abal Piñeiro y ahora el Alto Tribunal estima parcialmente su recurso. Confirma los cuatro meses de prisión y la multa de 90.000 euros, pero rebaja a la mitad la multa de 200.000 euros impuesta a la empresa.
El fallo confirma que la regularización con Hacienda no se produjo de forma espontánea por parte del acusado sino una vez que ya estaba en marcha la investigación de la Fiscalía y había sido citado a declarar ante el Ministerio Público.
La sentencia del Supremo tiene también una segunda vertiente. Y es que esta investigación tiene su origen en las mismas indagaciones que llevó a cabo la Fiscalía de Pontevedra a raíz de una comunicación que también dio origen a la causa en la que se investigaron los supuestos sobreprecios en alquileres de Rafael Louzán por unos locales en Navia. Una causa que tumbó el TSXG al anular la investigación realizada por la Fiscalía y que llevó al Ministerio Público a retirar la acusación contra el expresidente de la Diputación con el Partido Popular. Entonces, al retirar su acusación, el fiscal criticó la decisión del Tribunal Superior y ya recordaba que esta misma investigación tumbada por el TSXG había servido para iniciar esta causa que finalizó con una condena por fraude fiscal por parte de la Audiencia de Pontevedra. El fiscal ya advertía entonces de la posibilidad de que el Supremo acabase por ratificar una condena cuyo origen es la misma investigación que, sin embargo, consideró "prospectiva" el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
