La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá la semana próxima un juicio que llevará al banquillo de los acusados a un mando de la Guardia Civil en el puesto de Pontevedra. El fiscal le acusa de un delito de solicitud sexual, negociación y actividad prohibida aal funcionario, así como abuso de su función. Según la versión del Ministerio Público, el agente contactó con una víctima de violencia de género para ofrecerle ayuda y terminó proponiéndole mantener relaciones sexuales a cambio de darle dinero para un alquiler.

Según informó hoy el TSXG, el juicio se celebrá el martes. El escrito de acusación del fiscal relata que que, entre 2016 y 2017, el acusado, J. R. Q. B:, desempeñaba el cargo de brigada en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra. Tenía su destino en el puesto de Pontevedra y, siendo el comandante del mismo "ejercía labores de gestión y tratamiento de todo lo relativo a hechos relacionados con la violencia de género". Es por ello que tuvo conocimiento de una agresión sufrida por esta víctima en junio de 2016 a la que en una visita hospitalaria, le ofreció su ayuda, así como un lugar para preservar su seguridad. Días más tarde, dicha víctima acudió nuevamente al cuartel para denunciar el quebrantamiento de la orden de protección o medida de alejamiento impuesta a su pareja.

Como quiera que el acusado tenía conocimiento de sus datos, dirección y teléfono, continúa el fiscal, contactó con la víctima de violencia de género. Primero quedó con ella en un bar y luego la volvió a llamar "reiteradamente", invitándole a cenar y ofreciéndole ayuda para pargar el alquiler del piso. "Por razón de su cargo, (el acusado) tenía conocimiento de que ella ejercía la prostitución y consumía drogas, logrando de esta forma doblegar su voluntad", señala el fiscal, quien sostiene que tras quedar con la mujer, la llevó a su domicilio, situado en el cuartel de la Guardia Civil, donde mantuvieron relaciones sexuales.

"Al preguntarle después ella por el dinero ofrecido para el alquiler, le dijo que no había sido lo que esperaba y le tiró unas monedas con gesto despectivo", relata la acusación pública en su informe. La Fiscalía reclama que sea sentenciado a un año y medio de cárcel e inhabilitado durante siete años. Procede del Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra.