La Guardia Civil investiga penalmente a una veintena de personas integrantes de varias agrupaciones de mariscadores de la provincia, entre ellas San Telmo y Lourizán de Pontevedra, a las que se les acusa de supuestas irregularidades en el control de la extracción de almejas de los bancos marisqueros.
Las investigaciones que se llevaron a cabo por el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra se iniciaron el año 2016 al tener conocimiento de las quejas que había en el sector sobre una serie de irregularidades en los denominados "puntos de control", a la hora de extender los vales justificativos de las capturas que efectuaban los mariscadores de a pie.
Para comprobar las supuestas anomalías la Guardia Civil fiscalizó la actividad de marisqueo a pie desarrollada por dos cofradías de pescadores de la provincia objeto de las investigaciones y se llegó a la conclusión de que no coincidían las cantidades de almeja y berberecho que se vendían en la lonja con las que figuraban en los "vales" de las capturas expedidos a los mariscadores en los puntos de control.
Una vez realizadas las correspondientes inspecciones documentales, los informes del Seprona determinan que durante el periodo de tiempo comprendido entre 2012 y 2017 existe un importante desfase entre la cantidad de toneladas de almeja y berberecho que se ha vendido en la lonja, que resultó ser notablemente superior a la cantidad que figura en la suma total de los "vales" contabilizados durante el mismo periodo de tiempo.
Según los cálculos del Seprona, se estima que durante esos cinco años se han vendido en la lonja algo más de 130 toneladas de bivalvos que fueron extraídos de los bancos marisqueros de estas dos cofradías sin haber sido registradas en los preceptivos "vales" de los puntos de control.
La investigación considera responsables de estas presuntas ilegalidades a 15 personas que ejercían su actividad en los puntos de control que, junto con otras 2 personas con funciones de responsabilidad en la lonja, han sido investigadas penalmente por la presunta comisión de los delitos de falsedad documental, administración desleal y estafa.
Otros tres mariscadores fueron también notificados de su condición de investigados al comprobarse que habían cobrado, a sabiendas, las facturas de los "vales" fraudulentos que les habían expedido pese a que no habían marisqueado. Las diligencias instruidas se entregaron para su trámite en la Fiscalía de la Audiencia Provincial.
