25 de enero de 2019
25.01.2019

La plataforma vecinal Non Crematorios insta al Concello a elaborar una nueva normativa "más restrictiva y justa"

El colectivo vecinal niega ser el culpable de que la regulación anterior haya sido anulada por el Supremo

25.01.2019 | 02:09

La Plataforma Non Crematorios Pontevedra Leste, cuyo recurso judicial contra la normativa municipal que regulaba estas instalaciones provocó su anulación por parte de los tribunales, niega ser la culpable de esta situación y emplaza al Concello a elaborar una nueva norma "más restrictiva y justa, en la que ningún vecino de la ciudad, independientemente de la situación de su vivienda, se vea perjudicado por una actividad molesta e insalubre".

El colectivo, que mantiene sus protestas quincenales en A Parda contra el proyecto de un crematorio detrás del Cementerio de San Mauro, recuerda que la norma ahora anulada "establecía una franja mínima de 50 metros con respeto a las viviendas con la finalidad de evitar la posibilidad de que se construyeran crematorios en el ámbito urbano". Añade que "si bien es cierto que esta plataforma no se siente en ninguno de los casos ganadora, que quede muy claro que se vio abocada a denunciar el Concello y a la Xunta (que aprobó definitivamente la modificación urbanística) ante la pasividad municipal en buscar una solución para la globalidad de los vecinos de Pontevedra, y no solo para una parte".

Sostiene que el gobierno local "ha quedado en evidencia" con estas sentencias por su mala gestión" y critica que la normativa se elaboró en su día para impedir todos los crematorios urbanos salvo el de Funespaña, que se proyectó en terreno rústico aunque a escasos metros de viviendas de A Parda.

Aunque hace unos años que no se registran avances con este proyecto, su expediente aún es objeto de trámites y los vecinos insisten en su rechazo en la ubicación elegida.

La plataforma también niega algunas de las afirmaciones municipales. Dice que es falso que ahora pueda instalarse un crematorio en cualquier lugar de la ciudad porque el procedimiento de concesión de licencias no es automático, máxime cuando las cautelas medioambientales recogidas en la sentencia del TSXG son evidentes, y más cuando la anulación del reglamento se basa en parte en el nulo interés por la salud del vecindario".

También dicen, sobre la eliminación de la franja de separación (se fijó en 50 y los vecinos pedían 500) que "los vecinos sabían que el reglamento fue una quimera jurídica para favorecer a un crematorio en concreto en detrimento de los vecinos del lugar y son el TSXG y el Supremo las instituciones que condenan el Concello por su mal hacer".

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