23 de enero de 2019
23.01.2019

El Concello queda sin armas urbanísticas para poner coto a los posibles crematorios urbanos

El Supremo anula definitivamente la normativa de 2015 que limitaba la ubicación de estas instalaciones al-ratificar una sentencia del TSXG promovida por la plataforma de A Parda

23.01.2019 | 02:12
Una de las protestas de la Plataformas Crematorios Non de Pontevedra Leste. // R. Vázquez

El Concello se ha quedado sin armas urbanísticas para poner freno a los posibles crematorios en el centro urbano. La normativa municipal de 2015 para regular su ubicación está definitivamente anulada por el Tribunal Supremo y cualquier empresa del sector puede tramitar proyectos como el que en su día se planteó en la calle Arzobispo Malvar.

Esta normativa, cuya anulación devuelve a Pontevedra a la situación de hace cinco años, ya había sido invalidada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en noviembre de 2017, al aceptarse entonces un recurso de la plataforma vecinal anticrematorios de A Parda. Esa sentencia fue recurrida por el Concello ante el Supremo, que ahora declara que ni siquiera admite a trámite ese recurso.

El gobierno local analizará en los próximos días esta última decisión del Supremo para decidir qué hacer, pero insiste, como ya decía en noviembre de 2017, en que "nos deja en una situación peor" que antes, cuando llegó a haber hasta cinco proyectos en diferentes zonas urbanas y se originó una alarma social que se extendió desde A Parda hasta Arzobispo Malvar y desde San Mauro a Mourente.

Sin distancia mínima

La normativa municipal prohibía estas instalaciones en suelo urbano y otros terrenos y establecía una separación mínima de 50 metros a las viviendas en cualquier emplazamiento. Los vecinos de A Parda, opuestos al previsto entonces por Funespaña detrás del cementerio de San Mauro, acudieron a la vía judicial para exigir que esa separación fuera mucho más amplia, de 500 metros, pero ahora el Supremo "tumba" la normativa entera por carecer de estudio ambiental.

Sin ella, no hay distancia mínima fijada y "se corre el riesgo de que los crematorios puedan instalarse en cualquier lugar", según el gobierno local, de modo que la vía judicial a la que acudió la plataforma de A Parda no impediría ahora ningún tipo de horno de este tipo alrededor de sus casas. De hecho, el proyecto de Funespaña continúa su tramitación municipal, aunque con menos fuerza que entonces.

El fallo del TSXG que ahora elevada el Supremo a definitivo, condena a la Xunta y al Concello y anula la modificación urbanística realizada por el gobierno local desde 2013, cuando la proliferación de proyectos movilizó a numerosos vecinos contrarios a estas instalaciones cerca de sus casas. Para evitarlo, se acordó que "el uso crematorio se establece como prohibido en el suelo clasificado como urbano o núcleo rural, excepto cuando es complementario de cementerios, tanto existentes o nuevos".

También se admitía en zonas industriales e incidía en que "en todos los casos, se establece la necesidad de mantener una distancia de 50 metros desde el límite de la parcela en la que se sitúe la edificación de crematorio, respeto de aquellas parcelas destinadas a usos residenciales, terciarios o equipamientos comunitarios excepto cementerios, así como de los lindes con municipios limítrofes".

Contra este último apartado de 50 metros en concreto se presentaron más de 600 alegaciones vecinales que fueron rechazadas en su totalidad por el gobierno local, lo que desembocó en el presente recurso judicial.

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