Visto para sentencia. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebró ayer la vista oral en la que se sentó en el banquillo de los acusados un vecino del partido judicial de Marín acusado de abusar de forma continuada de un hombre con discapacidad intelectual engañándolo ofreciéndole dinero o golosinas. Al término del juicio, la fiscal del caso mantuvo su petición de condena de 9 años de prisión para el acusado, a quien además solicita que indemnice a la víctima con 20.000 euros por los daños morales sufridos.
El juicio, a petición de todas las partes, se celebró a puerta cerrada para salvaguardar los intereses de la víctima. Con todo, sí que trascendió que el acusado negó los hechos y que se acogió a su derecho a no contestar a las preguntas del fiscal y de la acusación, respondiendo tan solo a su abogado. Sí prestó declaración también la víctima. Lo hizo protegido tras un biombo y acompañado de un psicólogo de la Xunta. Finalizado el juicio, las partes mantuvieron sus posturas iniciales y el fiscal apenas modificó su escrito para ampliar el marco temporal en el que supuestamente se produjeron los abusos.
En su escrito inicial el Ministerio Público sostenía que fue al menos entre los años 2015 y 2016 cuando el acusado, a pesar de conocer las "limitación de las facultades psíquicas" de la víctima, y el "desconocimiento" de este de la significación de las relaciones sexuales, buscaba a este hombre que tiene un retraso mental moderado y un grado de incapacidad del 70%. Lo hacía, asegura la Fiscalía, con la intención de satisfacer sus impulsos sexuales y para convencerlo ofreciéndole dinero o golosinas para que fuese con él "a zonas escondidas da vila ou a súa vivienda", en donde abusaba sexualmente de él. Aunque la fiscal señala que no se pudo determinar el número exacto de veces que esto ocurrió, sí destaca que fue un número "elevado" de ocasiones.
Alejamiento
A raíz de que trascendieran estos hechos, el juzgado de instrucción número 2 de Marín dictó en junio de 2016 una medida cautelar contra el acusado mediante la cual le prohibía acercarse a la víctima a una distancia inferior a cien metros, así como comunicarse con él por cualquier medio. Ahora, la Fiscalía pide al tribunal que la condena incluya también una prohibición de aproximación y comunicación a su domicilio o a cualquier lugar en el que se encuentre por espacio de diez años.
Además, interesa también que a la condena de 9 años de prisión se le añadan otros cinco de libertad vigilada. Le considera autor de un delito continuado de abuso sexual no consentido con abuso de trastorno mental y penetración.
