Después de tres años de una enrevesada y una compleja instrucción judicial, con recursos aceptados por la Audiencia Provincial hasta en dos ocasiones, la Fiscalía de Pontevedra espera que finalmente la instrucción del conocido como crimen de Ponte Caldelas pueda cerrarse en breve en los próximos meses y que el caso pueda ser llevado a juicio ante un jurado popular. El caso trata de dilucidar las circunstancias en las que se produjo la muerte a puñaladas de Manuel Rivas Muiños, el 28 de noviembre de 2015, en su piso de la calle México de Ponte Caldelas, a manos del acusado Marcos Vidal González, quien supuestamente había mantenido una relación anterior con la esposa de la víctima.
El último de los recursos, estimado por la Audiencia Provincial, obligaba al juzgado a realizar dos de las diligencias de prueba a mayores que solicitaba la acusación particular que ejercen los padres de la víctima, y que quieren aclarar el papel que jugó en este suceso la esposa de su hijo Manuel, Sandra M. A., al considerar que podrían aportar datos nuevos a la causa.
Previamente, esta acusación también había logrado el respaldo de la Audiencia para citar a declarar como investigada a la viuda.
Estas dos pruebas eran dirigirse a las empresas de telefonía para que aportasen los datos que permitieran triangular la posición de los teléfonos móviles de las tres personas implicadas en los hechos: la víctima, Manuel Rivas; el agresor confeso, Marcos Vidal; y la viuda, Sandra M.; quien afirma que esa mañana estaba trabajando en el hospital. El juzgado la había rechazado al entender que la posibilidad de disponer de esos datos era escasa, dado que las compañías solo tienen obligación legal de conservarlos por el plazo de once meses. Sin embargo, la Audiencia resolvió que era necesario solicitarlos igualmente dado que se desconocía si la compañía había procedido al borrado o no de esos datos.
La segunda prueba que ordenaba practicar la Audiencia es una ampliación del informe forense con el objetivo de determinar con mayor precisión la hora de la muerte de Manuel Rivas, contando para ello con la fotografía que el agresor envió de la víctima agonizando a su esposa.
Un mes después de aquella decisión de la Audiencia, desde el Ministerio Fiscal explican que ambas diligencias ya han sido practicadas y que ahora se encuentran a la espera de que el juzgado vuelva a dar por cerrada la instrucción con el objetivo de que al fin se pueda dar traslado del asunto a la Audiencia y celebrar el juicio.
Tras la práctica de estas dos nuevas pruebas, las partes también deberán indicar si modifican los escritos de conclusiones provisionales que ya habían presentado. En el caso de la Fiscalía avanzan que las dos pruebas no provocarán una modificación del escrito que ya presentaron y en el que solicita una pena de 20 años de prisión para Marcos Vidal González por asesinato, acompañada de una medida de libertad vigilada durante ocho años más.
En caso de que la instrucción pudiera retrasarse de nuevo se corre el riesgo de que el asesino confeso quedase en libertad a la espera de juicio, dado que a finales de este año se cumplirán los cuatro años que como máximo puede permanecer en prisión provisional.
