"A decisión de trasladar o parque de maquinaria está tomada hai tempo". Así de contundente se manifestaba ayer el vicepresidente de la Diputación y concejal del gobierno local pontevedrés, César Mosquera, ante las críticas vertidas el miércoles por la Coalición Nós y Marea de Pontevedra. Ambas formaciones criticaban el incumplimiento del acuerdo plenario por el que tanto esta instalación como la imprenta provincial deberían abandonar estos terrenos de Costas para su posterior recuperación.

Mosquera insistió, de hecho, que esta cuestión no solo se aprobó en el pleno de la Corporación Provincial, sino que además estaba recogida incluso en el pacto de gobierno que firmaron PSOE y BNG cuando se formó el actual bipartito. El destino del parque de maquinaria será el polígono industrial de Barro, según explicó.

Redactando el proyecto

El vicepresidente de la Diputación también confirmó que actualmente se está redactando el proyecto para el traslado de estas instalaciones pero remarcó que "non se pode facer en dous días".

Cuestión distinta es la imprenta provincial. Mosquera explica que la utilidad de este servicio (cuya principal actividad era imprimir el Boletín Oficial de la Provincia, que ahora es digital) es dudosa, por lo que su continuidad no es segura.

Sin embargo, cuestión distinta es el edificio. Mosquera explicó que se encuentra en buenas condiciones y puede resultar interesante para otros usos, incluso que puede resultar atractivo para el Concello, teniendo en cuenta que los terrenos sobre los que se asientan parecen de "díficil recuperación".

Estos nuevos usos públicos del edificio de la imprenta podría estar relacionados, precisamente, con el medio ambiente y la naturaleza. También habría que analizar si su demolición pudiera alterar el propio ecosistema de las marismas.

Obligados a pedir prórroga

En cualquier caso, Mosquera señaló que, pese a que la Diputación tiene la intención clara de recuperar estos terrenos, la "disponibilidad orzamentaria" y los "trámites" impidieron que diera tiempo a la ejecución de este proyecto. Es por ello que la Diputación se ha visto obligado a pedir esta pequeña prórroga de tres años (un plazo que considera "razonable" y que incluso puede ser menor) para "tener todo en regra" mientras se "fai o proxecto, se licita e se excuta".