La sección sindical de Comisiones Obreras en el Concello de Pontevedra aseguró ayer que las sentencias judiciales que dieron la razón a las reclamaciones de los agentes de la Policía Local frente a la disponibilidad total decretada por el ejecutivo de Pontevedra durante las navidades de 2016 demuestran que "el gobierno local no negocia" sino que "impone".

Recuerdan que aquella orden requería a todos los policías locales estar permanentemente localizables por si se tienen que incorporar de forma inmediata. Fallos recientes han obligado al Concello a abonar distintas cantidades a los funcionarios por aquella disponibilidad y a extender esta medida a otros agentes que se han sumado a las reclamaciones ante el juzgado de lo Contencioso.

Desde Comisiones lamentan que el gobierno no solo negó a los agentes el derecho a esta indemnización por "una orden sin precedentes" en cualquier cuerpo de policía. Destacan también que fue necesario que CC OO presentara en los juzgados un escrito solicitando la ejecución forzosa de las sentencias. También indican que prácticamente el 100% de la plantilla presentó esta reclamación por lo que "esa argumentación" que atribuyen al gobierno local de que "hay sectores en la policía, decae".

Para CC OO la conclusión es que el gobierno local "se ríe de sus trabajadores, administra de manera irresponsable el dinero público y se permite aumentar la carga de trabajo de técnicos del Concello y de los juzgados por un capricho de la concejala de Policía, Carme Da Silva". Creen que, sin tener datos concretos, entre pago de inmdenizaciones, intereses de demora y pago de costas "entendemos que el coste económico supera los 130.000 euros".

Por lo tanto, acusan al Concello de realizar un mal uso de los "recursos humanos y económicos del concello" y creen que "sus tonterías y bravuconadas las pagan las ciudadanías con sus impuestos".