Puertos del Estado ha negociado, como organismo intermedio de las ayudas europeas, con el Ministerio de Hacienda el cierre de los programas operativos relativos al marco comunitario 2007-2013. Como resultado de dicha negociación se ha aprobado una asignación financiera por un importe de 555.000 euros para el Puerto de Marín.
El total del importe para el conjunto de los puertos gallegos de interés general alcanza un total de 23.132.526 euros. Así, las Autoridades Portuarias gallegas recibirán en el caso de A Coruña 4,98 millones de euros, Ferrol-San Cibrao 4,23 millones, Vigo 13,3 y Vilagarcía de Arousa 45.000 euros.
En su momento, las ayudas europeas a proyectos portuarios gallegos del Programa Operativo 2007-2013 ascendieron 147,1 y fueron asignadas a las cinco Autoridades Portuarias. Dichas ayudas procedían de Fondos Comunitarios de Cohesión e I+D+I.
La naturaleza de los proyectos financiados consiste en infraestructuras portuarias (obras de abrigo, edificios de terminales, accesos, urbanización de instalaciones portuarias, rampas en terminales, plataformas logísticas, servicios e instalaciones), así como actuaciones destinadas a promover la sostenibilidad, seguridad, eficiencia energética y respeto al medio ambiente, proyectos tecnológicos y asistencias técnicas. El objetivo principal de las actuaciones ha sido el de promover la interoperabilidad entre los modos de transporte, y mejorar la eficiencia y competitividad en los puertos, según explica el organismo estatal.
FCI
Por otra parte, el Fondo de Compensación Interportuario (FCI) asignó un total de 1.187.000 euros a la Autoridad Portuaria de Marín que se destinarán en 2019 a reforzar las torres baliza de Camoucos y de Mourisca, como este año se ha hecho con la de Picamillo. En concreto, se hará una intervención para reforzar la cimentación de ambas torres mediante una estructura de hormigón armado de protección perimetral desde el fondo en el que se asientan ya que son infraestructuras muy expuestas a la actuación de las corrientes y los temporales.
El FCI es un instrumento de redistribución de recursos dentro del sistema portuario estatal cuyo objetivo es garantizar la autofinanciación del sistema y fortalecer la posición conjunta de los puertos españoles. En total se han distribuido 52,5 millones de euros (aportados por las 28 autoridades portuarias del sistema más Puertos del Estado).
