El inesperado ultimátum lanzado hace unos días, mediante una carta de la Dirección Xeral de Mobilidade, para que el Concello asume el obligado servicio de transporte urbano, ha sido recibido con notable malestar en el seno del gobierno local, que cree que este tipo de comportamientos "no se ajusta al principio de lealtad institucional que deben regir las relaciones" entre ambas partes. Así lo apuntó ayer el portavoz del gobierno local, Raimundo González Carballo, que informó de que el alcalde, Miguel Fernández Lores, ya gestiona una reunión, al menos telefónica, con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para resolver este asunto.

Según el edil, Lores apela al "diálogo" y no a este tipo de maniobras, y hace referencia a los acuerdos al respecto alcanzados el pasado octubre con Feijóo, cuando ambos se reunieron en Santiago. Hace meses que la Xunta presentó al Concello un plan de transporte metropolitano para toda la comarca del que se desmarcó Pontevedra por sus "elevados costes", entre otras razones. En aquella cita de octubre, el "presidente trasladó además la necesidad de que el Concello haga una apuesta por el transporte urbano-metropolitano.", según se reflejó en la reseña oficial de aquella reunión. Incluso Feijóo apunta que " "vamos a concretar, de mutuo acuerdo, cuáles son las rutas que son necesarias".

Es este compromiso al que se aferra el Concello para rechazar la carta enviada por la Xunta el pasado jueves, aunque el gobierno local no la analizó hasta ayer. En ella se le insta a implantar el transporte urbano en el municipio, tal y como corresponde al ayuntamiento por ley al contar con más de 50.000 habitantes. Además, se le recuerda que la Xunta desarrolla la segunda fase del Plan de Transporte Público de Galicia, de tal forma que ambos planes, el de transporte urbano y el interurbano, se podrían poner en común y coordinar, para mejorar así el servicio al ciudadano.

Por todo ello, se pide al Concello que asuma la gestión de 12 líneas que actualmente dependen de una concesión autonómica y que discurren por el municipio, con dos contratos cuya vigencia finaliza el próximo año. La Xunta recuerda al gobierno local que al discurrir solo por el término pontevedrés deberían de dejar de estar prestados por concesiones autonómicas y pasar a manos del Concello.

Tras dar un plazo de respuesta de 14 días, la Xunta dice que en el caso de que desde el Concello "no manifieste ese compromiso firme" de asumir el transporte urbano antes de la extinción de estas líneas, se "implantarán las medidas necesarias para garantizar la prestación del servicio", con el recorte del Fondo de Cooperación Local incluido.