El juez da dos meses a los afectados por las obras de la AP-9 para sumarse a la demanda de Fiscalía

El Ministerio Público recogía en su escrito que a lo largo de los 40 meses que duraron las obras en el tramo de autopista comprendido entre Cangas y Teis -incluido el puente de Rande-, los trabajos afectaron "de forma relevante y constante a la fluidez del tráfico". A pesar de esa circunstancia, recuerda que la gestora de la AP-9 mantuvo "invariables" sus tarifas, lo que supone un claro caso de abuso. La demanda colectiva presentada, admitida ahora a trámite, persigue un doble objetivo: que se devuelvan los gravámenes pagados por particulares entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018 y que Audasa abone además una indemnización "consistente en el doble del peaje" a los conductores o pasajeros que demuestren haberse visto perjudicados.

Fuentes de Fiscalía reconocieron ayer que la admisión a trámite no es fácil en este tipo de demandas colectivas, lo que deriva siempre en una "dura pelea" por la "competencia" y la "legitimidad". "En el presente caso, todas estas cuestiones han sido superadas de antemano", destacaron. El Juzgado de lo Mercantil también acordó en su auto realizar un llamamiento a personarse en el proceso a quienes tengan la condición de perjudicado por haber sido usuario del servicio que dio origen a la demanda con el objetivo de que hagan valer su derecho o interés individual. El llamamiento suspenderá el curso del proceso por un plazo de dos meses. El inicio del cómputo de este plazo comenzará a contar el día siguiente a la publicación del llamamiento en dos periódicos, según recoge el auto. Transcurrido ese plazo de suspensión, el juez emplazará a la parte demandada: Audasa.

Personarse en la causa

Durante esos dos meses, cualquier usuario de la autopista podrá personarse en la causa, pero "con abogado y procurador", como ya avanzó este diario. La otra opción es esperar a la sentencia, cuando ya no sería preciso letrado. Lo recoge el artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que versa sobre ejecuciones de casos de consumidores y usuarios derivadas de condenas donde no se determina de forma individual a los beneficiados. Si lo acredita, el juez dictará un auto reconociendo beneficiario al que lo pida. Y con el testimonio de ese auto, este puede instar la ejecución, es decir, reclamar el dinero.

¿Quiénes tienen derecho a hacerlo? Los beneficiarios en caso de condena serían los que se encuadran en el concepto jurídico de "consumidor y usuario": aquellos que adquieren un bien o pagan un servicio en este caso un peaje al margen de su actividad profesional o empresarial. Lo recoge la Fiscalía en su demanda: no se consideran "usuarios" a los profesionales de la conducción y/o los titulares de empresas de transporte de mercancías o de pasajeros "en el desempeño de tales ocupaciones". Por ejemplo, taxistas o conductores de autobús.

La demanda de Fiscalía se suma a las reclamaciones acumuladas por Audasa. La Autoridad Portuaria, por ejemplo, exige a la gestora de la AP-9 las tasas por ocupar la lámina de agua del puente de Rande. El importe que le exige Praza da Estrela ronda los 70.000 euros anuales. Hace unos meses, en julio, trascendía también que Audasa había interpuesto ante el Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto que modificó el procedimiento de compensación recogido en el convenio de compensación por la gratuidad de los peajes de Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala.

El PP pide descuentos

El PPdeG defenderá en el pleno de la próxima semana en la Cámara gallega una proposición no de ley para reclamar al Gobierno central una propuesta de medidas para reducir el impacto de los peajes en las autopistas AP-9 y AP-53.