08 de diciembre de 2018
08.12.2018

La Xunta tramita el derribo del antiguo club Ciros

Licita las obras de demolición, por carecer siempre de licencia, del conocido local del alterne de Vilaboa, que lleva varios años cerrado

08.12.2018 | 21:13
Edificio del antiguo club

La Xunta afronta el derribo, tras años de espera, de uno de los locales de alterne más conocidos de la comarca, el club Ciros, al borde de la carretera N-550 en Paredes (Vilaboa) que permanece cerrado y abandonado desde hace años.

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta acaba de sacar a licitación la ejecución de una compleja demolición que decretó en 2005 y se hizo definitiva en 2015, cuando se confirmó la orden de diez años atrás.

El edificio consta como "bar-restaurante, pub y complejo hotelero" pero siempre careció de licencia municipal y de autorización autonómica". Durante una década fue objeto de pleitos que retrasaron el derribo.

Con un presupuesto estimado de 298.318 euros, la APLU tiene en marcha el concurso para adjudicar estas obras desde que en 2015 encargara la redacción del proyecto para la demolición.

En octubre de aquel año el director xeral de Urbanismo firmó la resolución que declaraba "ilegales e ilegalizables las obras de construcción de una edificación dedicada a uso hotelero" en Paredes, así como "las obras y usos implantados por la entidad mercantil sin la preceptiva autorización autonómica y licencia urbanística municipal".

Aquella resolución ordenaba su demolición y prohibía "definitivamente los usos a los que diesen lugar, ordenándose el cese inmediato de los usos y actividades de bar-restaurante, pub y complejo hotelero que se venían desarrollando en la edificación ilegal; y apercibiéndose a los interesados de que en caso de incumplimiento de la orden de demolición en el plazo concedido y de cese inmediato de la actividad se procedería a su ejecución subsidiaria o a su ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas".

Llegaron a imponerse al menos seis de estas multas y en noviembre de 2014 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) parecía zanjar los pleitos judiciales al ratificar la decisión de la APLU de acometer el derribo forzoso, mediante la ejecución subsidiaria.

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