Los afectados por la sentencia de demolición de ocho chalés construidos frente a la playa de Ouriceira, en Chancelas, denunciaron ayer su preocupación por la posibilidad real de ser desahuciados el próximo mes de febrero, cuando la Xunta de Galicia ha manifestado su intención de llevar a cabo la citada obra de manera subsidiaria.

Actualmente, ocho familias, algunas con menores a su cargo, están afectadas por esta orden de derribo, que en su día fue reiterada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Estas personas quieren que las administraciones, concretamente la Xunta de Galicia y el Concello de Poio, asuman sus responsabilidades, al haber autorizado la construcción de estos adosados que fueron declarados ilegales por una invasión parcial del deslinde de Costas, con una primera sentencia de 2009 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cuando el deslinde oficial se aprobó en 2011.

Estos propietarios, además, no solo tienen que hacer frente a una orden de derribo, por sentencia judicial firme desde 2014, sino que deben asumir una sucesión de multas coercitivas que periódicamente impone la Axencia de Protección da Legalidade (APLU) de la Xunta por incumplir esa orden de demolición "cuando las responsables son la empresa promotora (ya liquidada por quiebra) y las administraciones", según sus quejas.

Explican que desde que llegó la orden de la APLU, ya han recibido sanciones de 10.000, 25.000 y hasta 40.000 euros y que en algunos casos se han alcanzado ya los 70.000 euros , "cantidades que son excesivas y no se han visto en otros casos". Indican que en su mayor parte no pueden hacer frente a esas sanciones y hay casos de posibles embargos.

Uno de los afectados recuerda que cuando fue construida la urbanización "no nos podían haber dado licencia, sin embargo, nos la dieron", además de apuntar que durante la realización de la obra"nunca se pidió su paralización" por parte de la Xunta.

Actualmente, han presentado una reclamación de amparo legal en el Tribunal de Estrasburgo pero, por los antecedentes, no son optimistas al respecto y temen que en un plazo de tres meses se ejecuten las órdenes de derribo y pierdan sus casas.