Pontevedra, Poio y Vilaboa en la fase más avanzada para la implantación del compostaje, y Barro, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, Ponte Caldelas, Sanxenxo y Portas en una primera etapa, son los once municipios de la comarca adheridos al Plan Revitaliza de la Diputación tras la última convocatoria de ayudas e incorporaciones realizada por la institución provincial.
El vicepresidente de la Diputación, César Mosquera, explicó ayer que esta reciente propuesta supuso la incorporación de seis nuevos territorios y ya son 42 los municipios de la provincia integrados en este programa de "tratamiento de proximidad" de la basura orgánica, mediante composteros individuales y colectivos, es decir, sin una planta de tratamiento de referencia.
Esta cifra supone casi el 70% de todos los municipios de la provincia y son 19 los que aún no se han incorporado, entre ellos Marín, A Lama y Moraña. Tampoco está Vigo o Vilanova de Arousa, por ejemplo, cuyo alcalde, Gonzalo Durán, mantiene desde hace meses un agrio enfrentamiento con la presidenta de la Diputación, Carmela Silva.
Mosquera explicó que en esta última convocatoria se sumaron Cerdedo-Cotobade, Covelo, A Guarda, Poio, Puertas y Vila de Cruces para instalar sus primeros composteros y trece municipios solicitaron ayudas provinciales por más de tres millones de euros para "dar un salto adelante" y consolidar el compostaje de forma global.
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El vicepresidente destaco que entre los 42 concellos ya adheridos desde el inicio del Plan Revitaliza hay "gobiernos de todo signo político, y territorios de muy diferentes tamaños, de la costa y del interior y de muy diversas características" y agradeció que "hayan entendido que el camino del compostaje es imparable y imprescindible por cuestiones ambientales, de sensibilización social, y por normativa".
La incorporación de estos municipios al Revitaliza supone que entrarán en la denominada 'Línea 1' y que la Diputación asesorará y subvencionará la instalación de composteros comunitarios e individuales con medios provinciales con el fin de iniciar una primera fase preparatoria o didáctica para la ciudadanía.
Por otra parte, fueron trece los ayuntamientos ya adheridos -y que están trabajando en el compostaje en la actualidad- que pidieron ayudas económicas para desplegar medios y consolidar el modelo: los cinco municipios avanzados del Revitaliza (Vilaboa, O Grove, As Neves, Mondariz y Mondariz Balneario); siete que estaban ya adheridos (Illa de Arousa, Bueu, Cangas, Moaña, Ponteareas, Tomiño y Valga); y el Concello de Poio, que se incorpora al programa en esta última convocatoria y pretende dar el salto al compostaje de forma acelerada.
Según indicó Mosquera, la Diputación tiene aprobada una línea de ayudas de dos millones de euros para dar cobertura a las peticiones. Sin embargo, las demandas municipales suman más de tres millones de euros, por lo que subrayó que habrá que estudiar la situación y "intentar acoger lo mejor posible" las necesidades de cada municipio. No descartó la posibilidad de incrementar la cuantía final de las subvenciones dado que los proyectos presentados "parecen estar muy bien".
Mosquera se manifestó satisfecho por la buena acogida de la última convocatoria de adhesión y subvenciones y destacó que la lógica apunta a que será necesario en el futuro dar otra nueva oportunidad a los concellos que aún no se decidieron por dar el paso por el compostaje. En cualquiera caso, subrayó que la Diputación tendrá que hacer un "gran esfuerzo" para poder atender las necesidades, ya que en términos de población pasar de cinco a trece municipios en la fase más avanzada del Plan Revitaliza (Línea 2) supondrá multiplicar por cuatro el número de habitantes actuales.
"Sabemos que habrá tensiones, pero tenemos gente muy comprometida y si en lugar de desplegar el compostaje en todos esos territorios en ocho meses, se hace en un año, pues se hace en más tiempo. Esperamos no morir de éxito", destacó, para añadir que la provincia de Pontevedra se convertirá en la " avanzadilla del compostaje y del tratamiento de biorresiduos", ya que será de las pocas que podrá cumplir la normativa de la Unión Europea y del Estado.
César Mosquera subrayó que "es inevitable que todos los concellos trabajen cara un tratamiento ambientalmente sostenible de los residuos municipales, ya que la legislación actual establece que el 31 de diciembre de 2020 los municipios de más de 5.000 habitantes tendrán que recoger y tratar el 100% de los residuos de forma separada, si bien los demás tendrán hasta 2023".
Por ello, dijo no entender "la pasividad de otras administraciones porque van a empezar a caer sanciones a los ayuntamientos y ahora la Xunta, por ejemplo, deja en las manos de las empresas y de los ayuntamientos a solución". En cifras, destacó que a día de hoy "no se están cumpliendo los objetivos marcados para 2015 y hay que estar preparados para 2020 hay que ir a toda prisa. Como se complique algo, los ayuntamientos no llegan".
