El número de personas mayores del municipio de Pontevedra que han solicitado una plaza en alguna de las residencias públicas gallegas ya representa la mitad del número total de camas ofertadas en la ciudad por la Xunta de Galicia. Son 66 vecinos los que están en la lista oficial que maneja la Consellería de Política Social, responsable de esta área, frente a las 136 con las que cuenta el único centro en el concello pontevedrés, el de Campolongo.
En realidad, podrían ser incluso más, tal y como asegura José Manuel Pazos, presidente de la Asociación Gallega de Residencias de la Tercera Edad, Agarte, que señala que "hay mucha gente que está en trámite y que no figura en los listados oficiales de espera". Solo en la provincia de Pontevedra, indica, rondarían los 700 mayores y en el conjunto de Galicia, los 2.000.
La situación no hace más que empeorar a medida que avanza el envejecimiento poblacional. La opción de decidir irse a una residencia de mayores pública parece haberse convertido en un lujo en todos los sentidos, puesto que el número de plazas es más que escaso en la Boa Vila, sumado a que asumir el gasto en una de las privadas es inaccesible para una gran mayoría de la población.
La Consellería de Política Social confirma que sigue adelante con la propuesta de construir una nueva residencia pública para mayores en Pontevedra. Esta tendría una capacidad para 120 personas. "Esta propuesta se enmarca en el Plan Como na Casa, que contempla la puesta en servicio de siete nuevas residencias de mayores, una en cada gran ciudad de Galicia", aseguran fuentes del gabinete de Fabiola García Martínez, que tomó el relevo a José Manuel Rey Varela el pasado mes de septiembre. Aunque en esta ocasión no se especifica si este nuevo centro se haría en el Hospital Provincial una vez que se construya el Gran Montecelo, tal y como había anunciado el anterior conselleiro.
Con ello, sea en esa ubicación o en otra se paliaría solo en parte la demanda en Pontevedra, ya que con dicho proyecto no lograría alcanzar al resto de grandes ciudades gallegas al coronarse actualmente como la última en número de plazas de toda la comunidad autónoma. El resto de urbes, como mínimo, ya duplican la cantidad de usuarios.
En cuanto a la comarca de Pontevedra, la oferta residencial de la Xunta es algo mayor en su conjunto, sumando un total de 436 plazas públicas. Algo más de una tercera parte son las citadas 136 del municipio, mientras que el resto se reparten entre Marín, Poio y Vilaboa.
En la primera de ellas, de carácter público, son 121 camas, mientras que en las otras dos hay 71 y 121, respectivamente. Se trata de centros privados que mantienen un concierto con la Consellería de Política Social. Las de Marín son para personas autónomas y las de Poio y Vilaboa para mayores con algún tipo de dependencia.
Las plazas se asignan por áreas geográficas. En la que se incluye a Pontevedra figuran, además, Barro, Caldas, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A Lama, Marín, Morña, Portas, Poio, Ponte Caldelas, Sanxenxo y Vilaboa. También otros concellos de las comarcas de O Deza, O Salnés y O Morrazo.
"A esta oferta hay que añadir las ayudas directas que concede la Xunt a través del Bono Autonomía en Residencia", recuerdan las fuentes de Política Social.
Se trata de una ayuda directa a aquellas personas que hayan reconocido una grado de dependencia y estén a la espera de acceder a una plaza en una residencia pública. A día de hoy, según la Xunta, son 215 las personas en la provincia de Pontevedra que se benefician de este bono.
Es de un promedio de 490 euros al mes, pudiendo percibirse un máximo de 715 en función de la capacidad económica del solicitante y de su grado de dependencia reconocido.
De medio año a casi cuatro
El presidente de Agarte reconoce que la oferta de plazas es especialmente baja en el municipio de Pontevedra, así como en Ferrol. "De los 2000 mayores que aguardan por una cama, la mayoría se concentran en las provincias de Pontevedra y A Coruña. En las otras, aunque cuentan con una población muy envejecida, el número de habitantes es mucho menor", explica.
"Se priorizan las circunstancias económicas, la dependencia... Lo que sí está claro es que cuando pides una plaza estás en un grado de dependencia importante y lo haces porque ya no puedes valerte por ti mismo en tu casa. En muchos casos la expectativa de vida incluso es corta", agrega.
El plazo de espera por una cama en un centro público varía en función de esta coyuntura. "El plazo medio es de medio año mínimo o un año. Hay personas que entran por vía de urgencia, pero también otras que pueden llegar a aguardar tres o cuatro años", informa.
En el municipio de Pontevedra, según los últimos datos del Padrón Municipal de Habitantes, hay 16.320 mayores de 65 años. La cifra se acerca alos 41.000 en el conjunto de la comarca.
