El Ministerio del Interior ha finalizado el primer gran estudio que se realiza a nivel nacional y que cartografía la evolución de los llamados delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Un análisis que refleja que en la provincia de Pontevedra alguien denuncia un ataque contra su libertad sexual cada dos días y que tan solo en un año fueron un total de 204 las víctimas de este tipo de ilícitos, que se encuentran entre los más reprobables.

Es precisamente este enorme rechazo social (que se manifestó especialmente a raíz de la polémica sentencia de "La Manada") y el "incremento delincuencial detectado en los últimos años", lo que ha impulsado a Interior a elaborar el informe. Concretamente, este aumento, a nivel estatal, fue de un 30,9% entre 2012 y 2017, hasta los 11.682 delitos denunciados el pasado ejercicio.

Galicia, con 459 hechos conocidos, es la octava comunidad autónoma con un mayor número de delitos de índole sexual, y la sexta con un mayor número global de víctimas (un total de 480). Y Pontevedra es, en el conjunto de la comunidad gallega, la provincia en la que se registra un mayor número de ilícitos de este tipo, casi cuatro de cada diez de los que se producen en tierras gallegas.

El pasado año se denunciaron en la provincia de Pontevedra un total de 182 delitos de índole sexual con un total de 204 víctimizaciones. En A Coruña fueron 180 denuncias, por las 51 de Lugo y las 46 de Ourense.

El informe analiza los distintos hechos denunciados por su tipología penal, tal y como están recogidos actualmente en la legislación vigente y con la terminología (criticada en muchos casos, por no definir como violación sino como abusos algunos episodios graves, incluso con acceso carnal). Así, los abusos suponen el 51% de los delitos sexuales que se denuncian en la provincia. De los 94 casos denunciados, hay que resaltar un total de 4 en los que se produjo un acceso carnal pero que no se calificó como agresión al considerar que no se ejerció violencia o intimidación.

Las agresiones sexuales suponen otro 25%. Aquí sí hubo violencia e intimidación en el ataque contra la libertad sexual de la víctima. En un total de 33 casos sin acceso carnal y en 13 casos con penetración; lo que el Código Penal actual recoge como violación.

El resto de los delitos denunciados fueron casos de acoso sexual (en dos ocasiones), contacto con menores de 16 años a través de la red o medios telemáticos con fines sexuales (9 casos), corrupción de menores (3 casos), exhibicionismo (11 denuncias), pornografía de menores (14 casos), delitos relativos a la prostitución (dos casos) y provocación sexual (1 denuncia).

El informe de la Secretaría de Estado de Seguridad, traza un perfil de la víctima en el que se señala que el 84% de las víctimas de este tipo de violencias sexuales a nivel estatal son mujeres, frente a un 16% varones. Destaca también que el 47% de las víctimas son menores de edad. El porcentaje de varones afectados es mayor si la víctima es menor de edad. Los menores duplican las cifras del segundo grupo de edad con mayor cantidad de víctimas.

En cuanto a los responsables, el 96% de los detenidos e investigados por este tipo de hechos son varones (principalmente entre los 41 y 64 años).

Agresores desconocidos

Sobre la relación entre agresor y víctima, el estudio destaca que en la mayor parte de los casos el autor es desconocido para la víctima (un 77% de los casos). Con todo, cabe reseñar que los porcentajes varían entre los menores, en donde el número de agresores que formaban parte del círculo familiar o de conocidos del menor víctima del delito sexual crece de forma destacada.