28 de noviembre de 2018
28.11.2018

El fiscal considera probada la "estructura" de "secta" de la orden de los "Miguelianos"

El juicio quedó visto para sentencia después de 30 sesiones -Las defensas niegan que haya habido una "manipulación emocional" de los miembros como dicen las acusaciones

28.11.2018 | 03:29
Última jornada del juicio a los "Miguelianos" celebrado ayer en Pontevedra. // Rafa Vázquez

Visto para sentencia. Después de treinta largas jornadas de vista oral que se iniciaron el pasado 26 de septiembre, ayer llegó a su fin el macrojuicio contra los conocidos como "Miguelianos". Lo hizo en una doble sesión de mañana y tarde en la que las distintas partes expusieron sus informes finales y en la que el fiscal del caso, Juan Pablo Martínez, consideró probada la "estructura" de "secta" de la orden de los "Miguelianos".

Una estructura de carácter sectario en cuya "cúspide" el fiscal situó al supuesto líder y fundador de la asociación, Miguel Rosendo, para quien el Ministerio Público mantiene su petición de 66 años de prisión. El fiscal echó mano de las testificales en las que se indicó que en Orden y Mandato no se hacía nada "sin el consentimiento del líder" para argumentar esta postura.

Para la Fiscalía, en el seno de los "Miguelianos" se produjo una "despersonalización" de algunos de los miembros propia de esta estructura de "asociación ilícita" y señala que el líder "fue fraguando la docilidad de las víctimas" en base a una técnica de "premios y castigos" de tal forma que se convertía en alguien "imprescindible" para muchos de los que declararon en el juicio.

El fiscal explicó ejemplos de "técnicas de persuasión coercitiva" en formas de "broncas" y "batallas" por parte de Miguel Rosendo, así como "humillaciones", "insultos" y "agresiones" hasta llegar a afirmar que las dos mujeres que actuaban de "bastones" del líder estaban en una situación de que se asemejaba a la "esclavitud".

El Ministerio Público mantuvo su petición de responsabilidad civil subsidiaria por parte de la Iglesia, al entender que Orden y Mandato actuaba "bajo la dependencia" del Obispado y se señaló que hubo una actitud "pasiva" por parte De la Iglesia al no reaccionar en 2006 cuando la madre de un miembro alertó al entonces obispo de "comportamientos raros" en el seno del grupo. Esta postura fue rechazada por la Iglesia, quien recalcó que "Miguel Rosendo no era parte de la Iglesia".

La letrada de la acusación particular, Ana Reguera (que representa a familiares y ex miembros de la Orden) insistió en que Miguel Rosendo (la única persona hacia la que dirige acusación y para quien pide 82 años de prisión) se "apropió" de la voluntad de los miembros del grupo mediante una serie de técnicas de persuasión coercitiva. Un proceso de "dominación y engaño" que "fue llevado a cabo muy sigilosamente" por Miguel Rosendo "durante muchos años".

La letrada asegura que Rosendo desarrolló este "engaño espiritual" al hacer creer que tenía una serie de capacidades sobrenaturales como el "poder de hablar con Dios", de curar enfermedades o sacar demonios, controlando también todo lo que ocurría en la orden incluido quien entraba o salía de la casa de Mougás. Además, calificó de "actos monstruosos" los hechos que atribuye a Rosendo a quien acusa de aprovecharse sexualmente de varias consagradas a través de esta dominación: "Lo que ha hecho Miguel Rosendo con estas chicas no tiene nombre", afirmó, y más "para quienes somos creyentes" cuando todo esto lo "ha hecho utilizando el nombre de Dios". Además, señala que algún caso acusa por agresión sexual dado que considera que hubo "intimidación través de la manipulación emocional".

Ana Reguera sostiene que esta manipulación de las mentes de los miembros de la orden quedó también corroborada por la "credibilidad y veracidad" de los testimonios de abusos y agresión sexual que prestaron algunas de las víctimas en el juicio, así como por parte de los peritos psicólogos de la Guardia Civil que evaluaron a las víctimas.Es por ello, que exigió una "dura respuesta penal" por parte del Tribunal hacia supuesto líder de la orden, por el "autentico infierno" sufrido por las víctimas y sus familiares.

Por parte de la defensa de Miguel Rosendo, el abogado Marcos García Montes reprochó tanto al fiscal como a la acusación particular sus informes e insiste en que basan su acusación en elementos "abstractos" que no pueden llevar al tribunal a un fallo de culpabilidad.

Rechazó que su cliente hubiera protagonizado los hechos que se le imputan y llamó la atención sobre "un pacto de libro" entre el fiscal y varios de los acusados que declararon de forma contraria a los intereses de Rosendo y que han visto como el Ministerio Público les aplicaba un eximente incompleta de alteración de sus capacidades intelectivas y volitivas: "No nos dicen cuáles la psicopatología que les afectaba", dijo el letrado, al tiempo que señala que "café para todos": O todos estaban afectados por la influencia de Miguel Rosendo o no lo estaba ninguno, aseguró este abogado. Los letrados de estos dos acusados negaron haber pactado con la Fiscalía.

García Montes también lamentó que en las primeras fases de toma de testimonios por parte de la Iglesia se hubieran entrevistado únicamente con las consagradas y otros miembros que denunciaban abusos, y no con el conjunto de los miembros de la orden, contraviniendo así la orden que supuestamente les había dado el obispo. El letrado finalizó asegurando que su cliente, Miguel Rosendo, "no quiere venganza" ni tiene "deseos de perjudicar a nadie", sino que "pretende su libertad y su inocencia". También reprochó la tardanza del caso en llegar a juicio dado que su cliente lleva ya cuatro años en prisión provisional.

Posible nulidad

Por parte de la letrada Beatriz Seijo, que defiende a dos de las consagradas más próximas a Miguel Rosendo (Ivana L. E Iria Q.) y que sostiene también la inocencia de éste, considera que no existió ningún tipo de dominación religiosa ni de ningún otro tipo y asegura que "no hay ningún tipo de hecho delictivo". Sostiene que los relatos de algunos miembros que denuncian los supuestos abusos sexuales son "infumables" y recalca que hay dos mujeres, supuestas víctimas de abusos según estos relatos, que niegan que tales abusos hubieran sucedido. Calificó que "ofensivo" que se pudiera calificar a sus clientas como "inválidas mentales" y cree que en este proceso se "criminalizó la vida de consagradas de entrega y sacrificio" que eligieron "libremente" estas mujeres. En este sentido, destacó que el juicio fue tan tedioso y largo porque durante la instrucción se interesaron solo testimonios de cargo contra los acusados y se tuvo que llamar al juicio a todos "los testigos que no quisieron escuchar en instrucción" y que rechazan los relatos de dominación, abusos, humillaciones y otras que defienden las acusaciones. Por último, insistió en que la negativa a que pudieran acceder a una serie de pruebas que solicitaban podía incurrir en una causa de nulidad del juicio.

El resto de las defensas también insistieron en la inocencia de sus representados.

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