El juicio contra la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como los 'Miguelianos', quedará hoy visto para sentencia tras 30 sesiones en las que, además de los acusados, han desfilado por la Audiencia de Pontevedra 118 personas, entre testigos y peritos. En una maratoniana jornada, las partes han ido desgranando sus respectivos informes de conclusiones.
El fiscal ha mantenido su petición de 66 años de cárcel para Miguel Rosendo da Silva, líder de la organización, por un delito de asociación ilícita, doce contra la integridad moral, cinco de coacciones y tres contra la libertad sexual: uno por agresión sexual continuada y dos por abuso sexual continuado.
El representante del ministerio público también ha ratificado sus peticiones para otros cuatro acusados, Ivana Lima, Iria Quiñones, Belén Esmerodes y José Carlos Acevedo, que se enfrentan a dos años de prisión por asociación ilícita, delito que también atribuye a Dolores Espiñeira y Esteban Riobó.
Para estos dos últimos, que reúnen la doble condición de acusados y víctimas en esta causa, el fiscal reduce la petición de cárcel de dos años a once meses, junto con una multa de 2.160 euros.
En el turno de conclusiones finales, el fiscal ha indicado sobre los abusos sexuales que el relato de las víctimas es "lógico" y "coherente" con el "dominio paulatino" que el líder de la congregación fue ejerciendo sobre ellas, con las que "poco a poco" fue "derribando barreras".
El fiscal ha hecho hincapié en que las valoraciones psicológicas efectuadas a las víctimas descartan trastornos de cualquier tipo que pudieran desacreditarlas, así como la concurrencia de "ánimos espúreos".
Ha descrito los mecanismos de captación de adeptos empleados por Rosendo, propios de las sectas, a través de los cuales fue consolidando "una relación de dependencia" con respecto a sus víctimas. Para ello se valió, en sus negocios de herboristería, de exorcismos, rituales en lenguas extrañas y fabulaciones de diversa índole, como que tenía "línea directa con Dios" o que era la reencarnación de San Miguel.
Según el fiscal, el delito de asociación ilícita se empezó a plasmar con la instalación de la orden en la llamada "casa madre" de Oia, cuando comenzó "la despersonalización" de sus miembros, al tiempo que se estableció una jerarquía y se fijaron unos estatutos. Ha relatado que una vez los 'Miguelianos' se instalaron en Oia comenzaron los episodios de abusos sexuales, insultos y humillaciones; se celebraron matrimonios a la fuerza, se aisló a sus miembros y se controló sus comunicaciones con el exterior, y a algunos de ellos se les sometió a interminables jornadas de trabajo.
En cuanto a la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tui-Vigo, ha aludido a la "actitud pasiva" que tuvo cuando el padre de un miembro de la orden denunció episodios irregulares en 2006 y a que, una vez estalló el escándalo, no acudió a la justicia ordinaria, sino que intentó resolverlo puertas adentro.
La abogada de la acusación particular, que eleva la petición de cárcel para Miguel Rosendo a 82 años, ha atribuido al líder de los 'Miguelianos' una "persuasión coercitiva" continuada durante muchos años sobre sus seguidores que acabó con su "libertad de voluntad". La letrada Ana Reguera ha incidido en que Rosendo "se adueñó de las mentes" de sus víctimas en una suerte de "abuso psicológico global".
El abogado de Miguel Rosendo, Marcos García Montes, ha insistido en solicitar la libre absolución de su cliente y su inmediata puesta en libertad provisional, a punto como está de cumplir el próximo 11 de diciembre el tope de cuatro años de prisión preventiva. Este abogado ha intentado desmontar los testimonios y las periciales que corroboran los abusos sexuales imputados a su patrocinado, así como el resto de delitos que se le atribuyen, y ha apelado a las dilaciones indebidas durante el periodo de instrucción. La Orden y Mandato de San Miguel Arcángel fue reconocida por la Diócesis de Tui-Vigo en julio de 2009 como asociación pública de fieles con derecho diocesano.
La Diócesis tuvo conocimiento de unas supuestas "irregularidades" en diciembre de 2012 y para comprobar su veracidad nombró a un visitador canónico. La Iglesia se basó en el informe de este visitador canónico para apartar cautelarmente a Miguel Rosendo por su "conducta moral", y no fue hasta que estalló el escándalo cuando retiró su apoyo a esta organización y a su derivada, llamada Serviam, que se había establecido en Madrid.
