Algo más de un millar de familias de la comarca de Pontevedra, cerca 800 en la ciudad, reciben estos días las notificaciones de denegación de las becas convocadas por la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa para niños con necesidades específicas de apoyo educativo (Dificultades Específicas de Aprendizaje DEA, Trastornos por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, TDAH, Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar ECOPHE; o Altas Capacidades Intelectuales, Alcaín) . Una restricción en las bases, que obliga a las familias a tramitar la dispacidad médica del menor para disponer de estas becas, está provocando una avalancha de denegaciones, que afecta a más del 60% de los escolares que hasta el momento disponían de becas que oscilaban entre los 900 y los 1.800 euros anuales, unas cantidades con las que las familias cubrían la atención terapéutica que la Seguridad Social no puede facilitar a los diagnosticados por carecer de profesionales, o de la infraestructura adecuada, para ello.

La mayor parte de las familias afectadas dejarán de enviar a sus hijos a terapia, una situación que tendrá una consecuencia directa en la evolución formativa y de madurez personal de los alumnos diagnosticados pero también en toda la comunidad educativa, ya que algunas de las necesidades educativas que necesitan un apoyo específico tienen relación con transtornos en la conducta.

Para la presidenta de Adapho en Pontevedra, Montserrat Álvarez Rodríguez, la carencia de intervención externa en menores con TDHA, patología en la que está especializada la asociación, aboca a los menores a un fracaso escolar alto lo que multiplica las posibilidades de desadaptación social.

La semana próxima Montserrat Álvarez, que también preside la Fegadah, Federación Gallega de Asociación de TDHA, mantendrá una reunión con la Consellería de Educación para renovar el convenio de colaboración entre ambas entidades y para abordar una situación que tildan de "muy preocupante".

Desde la Consellería sin embargo aseguran que estas becas son concedidas por el Ministerio y que se limitan a escolares que presentan necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o transtorno grave de conducta, por lo que para poder optar a ellas se exige un certificado de discapacidad o de transtorno grave de conducta, según sea el caso.

Las familias afectadas achacan esta restricción en las bases de convocatoria a un recorte presupuesto, exigiendo ahora la tramitación médica de una discapacidad que hasta el pasado año se justificaba con un informe del médico especialista y del colegio en el que estuviese matriculado .

Aunque un elevado porcentaje de familias afectadas opta por perder la beca antes que hacer pasar a los menores por las inspecciones médicas necesarias para conseguir la incapacidad, Marian B.P. es una de las pocas madres que no está dispuesta a renunciar a una terapia que su hijo recibe desde hace varios años y que solo puede financiar a través de la concesión de la beca que ahora le deniegan.

Su hijo, de 10 años de edad, cuenta con un informe de la psicóloga infantil de A Parda que certifica un transtorno por déficit de atención "subtipo combinado, que recibe apoyo terapéutico externo regular y seguimiento de esta Unidad". La falta de personal en esta unidad del Sergas impide a este menor, y a todos los que se encuentran en la misma situación, recibir en un centro público toda la atención necesaria. "Yo voy a recurrir la denegación porque creo que nos deja en una situación de total indefensión". Cuenta además con otro informe, emitido por el colegio en el que el menor cursa 5º de Primaria, que reconoce la falta de personal para facilitarle el apoyo que necesita.