El gerente de la multinacional de transporte Transegre, Fernando G.C., y el responsable del centro de trabajo de la empresa en Campañó, Fernando A.R, aceptaron una condena de 18 meses de multa a razón de tres euros diarios (1.620 euros), así como una indemnización de 12.500 euros al sindicato CIG en concepto de responsabilidad civil, como responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores. La negociación que llegó a este acuerdo evitó un juicio en el que la fiscal de siniestralidad laboral pedía que fuesen condenados a dos años de prisión e inhabilitación especial para el cargo que desempeñan. El delito que admitieron se produjo durante unas elecciones sindicales en la empresa, cuando los dos acusados "de común acuerdo y con ánimo de menoscabar la libertad sindical" de los trabajadores, el responsable del centro de trabajo interrogó a los empleados sobre su afiliación sindical y quiénes eran los candidatos a representantes de los trabajadores, despedirlos después, e impedir el acceso de los delegados sindicales a la votación.
