En Marea ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley y una serie de preguntas dirigidas al Gobierno, sobre el proyecto de ampliación de depuradora de Placeres.
Los diputados Yolanda Díaz, Antón Gómez Reino y Ángela Rodríguez defienden la proposición no de ley (PNL) en la que instan al Gobierno de Pedro Sánchez a no autorizar la ampliación de la depuradora (Edar) de Placeres en los terrenos de dominio público marítimo-terrestre y a iniciar los trabajos de recuperación de la marisma de Lourizán y de la calidad de sus aguas para que se recupere también el banco marisquero.
Presentan además una serie de cuestiones parlamentarias en las que pregunta al Gobierno si ha recibido solicitud de autorización de ocupación de los terrenos de dominio público marítimo terrestre por parte de la Xunta de Galicia, si tiene previsto denegar dicha autorización, o si en caso de que Gobierno contemple la autorización de dicha ocupación "¿es consciente del daño que supondría para la ciudadanía y el ecosistema de la zona?".
Los parlamentarios de En Marea preguntan además si tiene previsto el Gobierno iniciar los trabajos de recuperación de la marisma de Lourizán, en caso afirmativo, cuándo tiene previsto iniciar los trabajos, si prevé llevar a cabo actuaciones en la zona de Placeres para la recuperación de su banco marisquero y si es así, qué actuaciones se contemplan y cuándo se iniciarían.
El grupo parlamentario recuerda que el pasado 25 de julio de 2018 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España con una multa de 12 millones de euros por haber incumplido su obligación de dar cumplimiento a la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, a la que se suma una indemnización de 11 millones semestrales hasta que se resuelva la situación.
Sin embargo, y a pesar de estas multas, la Xunta de Galicia, "aprobó el anteproyecto del nuevo emisario submarino de la Edar de Os Praceres, un proyecto para la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales que cuenta con la oposición de la ciudadanía y que fue rechazada por el pleno de la corporación municipal de Pontevedra", recuerda.
Este proyecto contempla la construcción de una estación de carga y bombeo para dar servicio al emisario submarino, y prevé ocupar 1.300 metros cuadrados en terrenos de dominio público marítimo terrestre pertenecientes a la Demarcación de Costas dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, organismo que debería autorizar la ocupación de los mismos.
La negativa de ciudadanía e instituciones locales a esta ampliación se argumentan en varios aspectos, como recuerda En Marea. El propio anteproyecto ya recoge que hay tres elementos patrimoniales que se encuentran a menos de 500 metros de la actuación: el Colegio Sagrado Corazón, la Iglesia de Lourizán y la Escuela de Pescadores. Pero tampoco se cumplen las distancias mínimas con las viviendas existentes en el Cabo de Os Praceres, en la Plaza de Os Praceres ni en la denominada "carretera vieja". Esta instalación terminaría por aislar la Plaza de Os Praceres del mar, eliminando la única fachada litoral existente, que es la principal zona de convivencia y ocio de la parroquia de Lourizán, según se recoge en la exposición de motivos de esta iniciativa.
Además, la construcción de la estación de carga y bombeo estaría situada justo encima de un banco marisquero, la principal economía de una parroquia de más de tres mil habitantes, por lo que con esta ampliación se consolidaría la degradación ambiental que padece Lourizán, en particular, y la ría de Pontevedra, en general.
"Desde el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea consideramos que non es lógico profundizar en el error de maltratar un paraíso natural único, en lugar de comenzar a pensar en cómo recuperarlo. De hecho, planteamos que cualquier reforma que se haga debería incidir en la separación de las aguas residuales procedentes de viviendas y de las aguas residuales procedentes de las industrias existentes, sobre todo de Ence y las ubicadas en el polígono de A Reigosa", exponen.
Además, la citada ampliación está pensada para enviar las aguas residuales, una vez decantadas, al medio de la ría de Pontevedra, y contempla que las viviendas de los ayuntamientos limítrofes de Poio y Marín sigan utilizando esta instalación en lugar de buscar alternativas viables en sus respectivos territorios, añade.
"Cabe señalar que la actual depuradora no cuenta con las autorizaciones específicas para estar en dominio público marítimo terrestre y mantiene las aguas con peor calidad de toda la costa española", expone En Marea.
