Más de medio millar de funcionarios de prisiones de toda Galicia, la mayoría de ellos trabajadores en el centro penitenciario de A Lama, se manifestaron ayer por las calles de Pontevedra para pedir mejoras laborales, principalmente la equiparación salarial y cerrar la brecha actual existente entre distintas prisiones y categorías; además de que se corrija el actual déficit de personal que padecen las cárceles españolas.

Se trata de una situación que ha llevado a los funcionarios a secundar ya seis jornadas de huelga, dos el pasado octubre y otras cuatro que se iniciaron el pasado fin de semana y que finalizaron ayer. Además, la situación parece que en lugar de mejorar se enquista y anuncian que mantendrán las movilizaciones si el Ministerio del Interior no se sienta a negociar.

Explican que los ánimos entre el funcionariado está bastante caldeado después de que el pasado 28 de septiembre el Ministerio del Interior retirase la propuesta que puso encima de la mesa para mejorar la situación de estos profesionales. Marcos Blanco, delegado de Acaip, recordó que ayer decidieron terminar su marcha ante la Subdelegación del Gobierno porque la propia subdelegada Maica Larriba fue una de las personas que, junto con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, les manifestaron antes de aquel 28 de septiembre que el Ministerio "pronto íbamos a tener una mejora de nuestras condiciones de trabajo". Sin embargo, esta se retiró por parte del ministro Fernando Grande-Marlaska sin muchas más explicaciones, según explican los funcionarios.

Aparte de la mejora retributiva, los empleados de prisiones piden un incremento de las plantillas. Recuerdan que son más de tres mil las vacantes sin cubrir actualmente por Instituciones Penitenciarias y que en la prisión de A Lama esta cifra es de medio centenar de puestos de trabajo que es necesario cubrir.

Marcos Blanco también llama la atención sobre la necesidad de mejorar el protocolo de actuación contra las agresiones y recordó que "sufrimos una agresión al día en cada centro penitenciario", según los datos estadísticos que manejan.

El problema de las agresiones y de la seguridad de los funcionarios está directamente relacionado con la insuficiencia de las plantillas, tal y como denuncian. La falta de personal no solo pone en peligro la integridad de los propios funcionarios sino de los internos a los que custodian.

Pero añaden además una cuestión a mayores. José Carlos Moreno, de Comisiones Obreras, asegura que la falta de personal complica también la labor esencial que tiene todo el sistema penitenciario español, que es la reeducación y reinserción de los internos: "La falta de personal impedimenta el desarrollo de la función reinsertadora y reeducadora que se nos tiene encomendada", explica. "En A Lama hay numerosos programas de tratamiento", añade, "pero sin psicólogos, educadores, trabajadores sociales o personal de vigilancia es muy difícil que puedan salir adelante".