Los funcionarios de prisiones visibilizarán sus protestas el próximo martes en las calles del centro de Pontevedra con una manifestación que partirá a las 12 horas de la plaza de A Ferrería y que culminará en la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra.
Es una de las medidas que adoptan en la que será la última de las cuatro jornadas de huelga que mantienen desde el pasado sábado en un conflicto que por el momento no tiene visos de solución al no haber sido convocados a dialogar por el ministerio del Interior desde septiembre.
Según explicaron los sindicatos, en la jornada de ayer el paro volvió a tener un amplio seguimiento al incorporarse a sus puestos de trabajo únicamente los trabajadores en servicios mínimos. Con todo, se volvieron a repetir las imágenes del pasado sábado de cierta tensión en los cambios de turno en la prisión. La Guardia Civil volvió a cortar el acceso rodado a la prisión a dos kilómetros del centro penitenciario, de tal forma que, según los sindicatos, es esta medida la que entorpeció que el relevo se pudiera realizar a la hora establecida, volviendo a haber retrasos.
De hecho, los sindicatos también lamentaron que la Guardia Civil impida el paso de los funcionarios en servicios mínimos con sus vehículos hasta la prisión, mientras que sí permiten el acceso a las familias de los internos, que "pueden circular por la misma carretera que nos cortan a nosotros".
Los funcionarios de prisiones en huelga no solo reclaman la equiparación salarial entre las distintas prisiones del Estado, sino que también piden que se cubran las numerosas vacantes que hay actualmente en las plantillas, como ocurre en A Lama, en donde se cifran en medio centenar. También consideran necesario que se rejuvenezcan las plantillas, con una media de edad de más de 50 años en esta cárcel. Una situación que, según indican, puede afectar a la seguridad tanto de los propios funcionarios como de los internos.
Los sindicatos denuncian el "intencionado olvido y menosprecio" del Ministerio del Interior con el colectivo de prisiones en los últimos años, en lo que definen como la "etapa más decadente de prisiones de toda la democracia", ante la apuesta del Gobierno por "degradar el servicio público penitenciario y orientarlo a su privatización, deteriorando condiciones laborales".
