Ya es definitivo. Aunque la resolución ya se podía anticipar después de que la Fiscalía de Pontevedra anunciase su intención de retirar su acusación contra los tres procesados, la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra notificaba ayer a las partes el archivo de la causa que se seguía contra Rafael Louzán, su esposa y el exdiputado Severino Reguera por los supuestos sobreprecios en los alquileres de Navia.
En un auto fechado el pasado martes, el tribunal provincial recoge la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al estimar un recurso interpuesto por la defensa de los acusados, que ejerció, entre otros, el letrado José Fernández Iglesias, del despacho de Garrigues. Al estimar dicho recurso, el TSXG decidió declarar que "no cabe admitir como pruebas a practicar en el juicio todas aquellas que tengan su origen en las diligencias de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Fiscal y las que de estas se derivan" como los informes de la Agencia Tributaria o los elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a petición del Ministerio Público.
Trasladada esta resolución a la Fiscalía, esta contestó emitiendo un informe en el que instaba al archivo, puesto que la decisión del Alto Tribunal le "despoja" al Ministerio Público "del bagaje probatorio obtenido con la instrucción, privándole de acudir al juicio con una prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia", lo que le "obliga a retirar la acusación" ante la "imposibilidad de utilizar las pruebas de cargo". Una decisión, la del TSXG, que la Fiscalía acata pero que no dudó en calificar en su informe de "desproporcionada".
No habrá recurso
La decisión es susceptible de recurso, pero el informe del fiscal acatando la decisión del TSXG parece eliminar cualquier posibilidad de que esto vaya a ocurrir, por lo que con este archivo se da finalmente el carpetazo a una investigación que comenzó en 2014 con una querella del Ministerio Público contra el entonces presidente de la Diputación y hoy máximo responsable de la Federación Galega de Fútbol y los otros dos acusados por cohecho.
El fiscal llegó a emitir un escrito de acusación imputando a los acusados un delito de cohecho, al entender que Severino Reguera pagó al matrimonio Louzán unos alquileres por encima del precio de mercado como "regalo", algo que siempre negaron los hasta ahora procesados.
