El Diario Oficial de Galicia publicaba ayer la actualización de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la fábrica de Ence en Pontevedra, obteniendo así la factoría el permiso ambiental necesario para desarrollar su actividad adaptando el anterior a las condiciones de la nueva concesión de Ence en Lourizán (tras la obtención de la prórroga por 60 años en 2016) y a los compromisos adquiridos por la propia compañía para poder seguir ocupando terrenos de dominio público marítimo-terrestre.
El documento recoge también la respuesta de la Xunta a las alegaciones presentadas contra esta autorización por hasta tres colectivos pontevedreses, así como al informe del Concello de Pontevedra contrario a la renovación de esta AAI. Las alegaciones procedían de la Cofradía de Pescadores de Lourizán, de la Asociación Pola Defensa da Ría y Marea Pontevedra. Mientras que el documento de la dirección xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático sí atiende a alguna de las observaciones de la Cofradía respecto a la recogida de pluviales en la fábrica y su vertido a la ría (el pósito mostraba su temor por un posible descenso de la salinidad que afectase a los bivalvos por un exceso de agua dulce, así como el posible arrastre de algún elemento tóxico); rechaza las alegaciones de Defensa da Ría, Marea y el Concello de Pontevedra.
La administración local de Pontevedra sustentaba sus alegaciones, entre otras cuestiones, en supuestos incumplimientos urbanísticos de la fábrica de Lourizán. Vulneración, en muchos casos, de normativas de la propia Xunta como pueden ser el Plan de Ordenación del Litoral (POL) o las Directrices de Ordenación del Territorio. Sin embargo, la respuesta de la Xunta señala que el objetivo de este procedimiento se refiere únicamente a garantizar "la adaptación de las condiciones de la autorización (en particular en lo que se refiere a la determinación de los valores límite de emisión) a lo que resulte de las conclusiones relativas a las mejoras técnicas disponibles" y, por lo tanto, "dejando al margen otras cuestiones como las de índole urbanística, cuyo carácter ajeno a este procedimiento no obsta para el ejercicio de las competencias urbanísticas por parte de las administraciones a instancias competentes a través de los procedimientos oportunos".
El Concello también alegaba que la autorización ambiental a Ence no podía ser prorrogada por la Xunta porque el expediente de caducidad de la concesión abierto por Costas por orden de la Justicia todavía no está resuelto de manera firme. En julio de 2015 Costas declaraba la caducidad parcial de la concesión a Ence pero limitándose a reclamar a la empresa el derribo del campo de fútbol de Lourizán y la legalización de su comedor. El Concello explica que todavía están pendientes de resolver los recursos contenciosos-administrativos interpuestos por el ayuntamiento y otras entidades contra esta decisión. Para la Xunta, la supuesta caducidad de la concesión de Ence se trata de una "cuestión competencia de la administración del Estado" por lo que "no procede efectuar valoración alguna".
Banco marisquero
Al igual que la cofradía, el Concello también se oponía al vertido de las aguas pluviales directamente sobre el banco marisquero de Placeres. La AAI rechaza que esto sea así y ordena a Ence la conexión de este vertido de pluviales al emisario submarino de la EDAR, que se realice un control periódico del mismo y que asuma su depuración si se demostrase necesaria.
