La implantación de la renta social municipal, una "prestación económica de carácter periódico y temporal dirigida a personas con recursos económicos insuficientes", entra en su recta final. Dos años después de comenzar su tramitación, la ordenanza que regulará la concesión de este salario ya cuenta con la luz verde de todos los grupos municipales. El texto se aprobó ayer en la comisión de Benestar Social, aunque aún debe dar algunos pasos más, entre ellos su exposición al público.

Marea Pontevedra, impulsora de esta renta, confía en que puedan concederse las primeras rentas en el arranque de 2019, con una primera fase de 75 familias necesitadas, aunque el objetivo es llegar a unas 200. El programa comenzará con una partida de 425.000 euros, pactado ya hace dos años entre Marea y el BNG dentro de las negociaciones para aprobar el presupuesto de 2017, cuentas que el gobierno local logró sacar adelante gracias a la abstención de la formación rupturista.

La concejala Carmen Moreira y Herminia Dios, coordinadora del grupo, expresaron ayer su satisfacción por esta aprobación, que calificó como una "victoria de Marea". Tanto ella como la edil nacionalista Carmen Fouces, admitieron que el acuerdo de ayer supone "despejar el camino" a esta renta social. No obstante, Marea no se olvidó ayer de los dos años que han sido necesarios para que salga adelante y no dudó en denunciar la "gestión negligente" del gobierno local.

De hecho, recordaron que se pactó en diciembre de 2016 pero la ordenanza no se elaboró hasta septiembre pasado, con un informe de la Xunta sobre competencias de por medio y un largo retraso en activar el expediente administrativo. Lo que tiene claro a partir de ahora Marea es que estas ayudas a familias que tengan dificultades para hacer frente a gastos específicos de carácter ordinario y personas en situación de emergencia social "no deben ser complicadas de tramitar; son personas que no pueden complicarse la vida con papeleos".

En principio se estima que cada salario de este tipo rondará los 540 euros mensuales como máximo, la cifra del "indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM)" del año 2018.

Si la pide un individuo en solitario, la renta será del 75% de esa cantidad y si la familia es de dos miembros, llegaría al 90%. Además, se concede por un máximo de seis meses, que podrían prorrogarse hasta doce según los casos, y es incompatible con otros ingresos, en especial la renta de inclusión social de Galicia, la Risga.

Se destina a garantizar necesidades vitales "básicas" como alimentación, vestimenta, techo o servicios y suministros básicos en el hogar. Los solicitantes también deberán ser vecinos del municipio de Pontevedra y tener más de 18 años.

Tras la luz verde de ayer, en la que se analizaron las alegaciones de Marea al texto, debe pasar por la junta de gobierno y el pleno antes de su aprobación inicial previo a su exposición al público. La formación reclama que se lleve ya a la sesión plenaria de noviembre.