La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que condena al estado español por incumplir las directivas de saneamiento de una ría sensible como la de Pontevedra amenaza con sanciones económicas que aún no han llegado pero "que pueden llegar en cualquier momento". Se baraja una multa entre 12 y 40 millones, más otra coercitiva de casi 11 cada semestre que se retrase la solución definitiva.

Hasta el momento no se ha sustanciado esa multa millonaria "por los informes trimestrales que envía la Xunta a Europa con los avances del proyecto". Esta misma semana se envió el último.

Sin embargo, "la amenaza sigue ahí", insiste la Xunta, que es consciente de que el estado -a quien se dirige la condena- "trataría de derivar esos fondos hacia la comunidad autónoma" pero "pueden acabar repercutiendo en los concellos, que tienen las competencias en saneamiento".