La polémica conexión del polígono de Nantes al colector de Meaño y la EDAR de Os Pasales, adoptada por el concello de Sanxenxo tras el último informe de Augas de Galicia, ha dejado al ayuntamiento de Meaño en el limbo. El gobierno local no ha ido más allá de una declaración de intenciones en el último pleno, con una moción por vía de urgencia en la cual se reafirmaba en el mismo sentido que otra moción aprobada en un pleno anterior y postulada entonces por Meaño Independente.
Aunque Sanxenxo anunciaba hace unas semanas la inminencia de la recepción del polígono y su apertura oficial, que se barajaba ya para las fechas del 22 o 23 de octubre, ahora se advierte que pospone más allá. Y es que la postura de Meaño no lo facilita, si bien el concello se halla en una fase de espera, sin tener claro el procedimiento a seguir. Más allá evitan pronunciarse los regidores de Sanxenxo y Meaño que, preguntados sobre el particular, evitan el debate y no arrojan más luz. Tan solo Lourdes Ucha reconoce que "nosotros estamos moviéndonos tanto en el aspecto técnico como político para intentar clarificar el asunto y sacarlo adelante de la mejor forma".
Ante la situación planteada, y según expertos consultados, no le cabe a Meaño elevar recurso alguno ante Augas de Galicia, "por cuanto este organismo, literalmente, informa pero no dictamina". Es por ello que el recurso administrativo ante la decisión de un enganche definitivo, "únicamente procede contra el órgano que lo ha adoptado". Pero políticamente, ninguno de los concellos aclara la situación. Si Sanxenxo ha adoptado la resuelto por su cuenta, para dar como definitiva aquella conexión provisional de 2007 -que se había pactado entonces para proceder con aguas de la obra de construcción del polígono pero no con los vertidos industriales- Sanxenxo tiene la obligación de informar al concello de Meaño, como parte afectada, por conectarse al colector de su propiedad. Si hubiere dictamen y Sanxenxo no lo hubiere transmitido, en tiempo y forma, no ha lugar a proceder con el enganche. Pero si lo ha hecho, debe conceder un plazo de 20 días, a contar desde la notificación oficial, para que Meaño pueda presentar las alegaciones que estime, a modo, en esa ocasión sí, como recurso administrativo de alzada que, de no cristalizar como acuerdo, podría dar lugar a un contencioso judicial entre las partes.
Clima preelectoral
Sanxenxo ha jugado su particular partida de naipes con esta conexión, apurado por el clima del año preelectoral. De partida tiró aquel primer informe de Augas de Galicia, emitido en febrero de 2017 que era negativo, y no concedía autorización. A raíz de ello, y en virtud de las cláusulas del convenio Meaño-Sanxenxo, declaraba aquel convenio como nulo. De esta forma evitaba la inversión prevista para levantar el colector de Meaño de 315 milímetros y disponer en su lugar otro de 500 milímetros, con garantías de asumir el incremento del caudal de residuales.
Aquel convenio, redactado por un prestigioso bufete de abogados, reconoció en el último pleno la regidora Lourdes Ucha, supuso la minuta de 8.000 euros que abonaron ambos concellos -Meaño aportó 4.000-, un documento que, según letrados consultados, se movería, en su caso, en una horquilla de entre 200 y 400 euros, un gasto en el que se ha antepuesto el prestigio de la firma de abogados, para darlo ahora por nulo.
