Propietarios de ocho chalés ubicados en Chancelas, ante la playa de Ouriceira, no solo tienen que hacer frente a una orden de derribo, por sentencia judicial firme, desde 2014, sino que deben asumir una sucesión de multas coercitivas que periódicamente impone la Axencia de Protección da Legalidade (APLU) de la Xunta por incumplir esa orden de demolición "cuando las responsables son la empresa promotora (ya liquidada por quiebra) y las administraciones", según sus quejas.

Explican que desde que llegó la orden de la APLU, ya han recibido sanciones de 10.000, 25.000 y hasta 40.000 euros y que ahora está en marcha una cuarta, "cantidades que son excesivas y no se han visto en otros casos". Indican que en su mayor parte no pueden hacer frente a esas sanciones y hay casos de posibles embargos.

"Nosotros no somos los causantes" de la ilegalidad de las casas, que fueron declaradas ilegales por una invasión parcial del deslinde de Costas, con una primera sentencia de 2009 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, cuando el deslinde oficial se aprobó en 2011", señalan algunos de los afectados.