Desde hace años, el sistema de saneamiento de la ría de Pontevedra incumple la directiva europea sobre aguas residuales que señala que las aglomeraciones urbanas como la conformada por Pontevedra, Marín y Poio, deberían disponer, a más tardar en 1998, de un sistema de tratamiento "más riguroso" para sus aguas que el descrito en dicha normativa antes de ser vertidas a zonas sensibles, como es el caso de la ría. Ese plazo no se cumplió y en 2015 las autoridades españolas trasladaban a la Comisión Europea la fecha de septiembre de 2020 como horizonte para solventar los problemas de depuración. La Xunta ya avanzó entonces que gran parte de las ayudas comunitarias para saneamientos en Galicia se destinará a Pontevedra.
