De las cuatro causas penales tramitadas por el juzgado de instrucción número 1 por supuestas irregularidades en la antigua Cámara de Comercio, dos de ellas acabaron con condena para los investigados. La primera y más antigua fue la que investigó los contratos de representación en Brasil que firmaba la institución y que llevó a la exsecretaria cameral, Rosario Lorenzo, a aceptar un año de prisión por cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios. También fue condenado el representante cameral en Brasil.
El segundo caso juzgó un supuesto delito contra la administración de Justicia. Se investigaba si Charo Lorenzo y al expresidente Antonio Gómez Rivera despidieron a los trabajadores que denunciaron las irregularidades en Brasil como represalia por acudir a la Fiscalía a desvelar estos hechos. Resultaron absueltos.
El tercer caso se juzgó por fraude a la administración pública y falsedad en documento oficial y mercantil en las subvenciones que se obtenían para las ferias Ferpalia y Pomóvil. Lorenzo aceptó en esta ocasión penas que sumaban dos años y once meses, junto al empresario que organizaba algunas de las ferias de la Cámara (que aceptó 14 meses) y el expresidente Ricardo Mirón que fue condenado a cinco años de inhabilitación para presidir una Cámara. Penas que fueron suspendidas.
Queda activa únicamente esta cuarta causa que el fiscal pide archivar, aunque habrá que esperar dado que hay otras partes que ejercen la acusación en este mismo proceso.
