Funcionarios de Instituciones Penitenciarias, convocados por los sindicatos Acaip, CC.OO. y UGT, se concentraron a primera hora de la mañana de ayer en la entrada de la cárcel de A Lama (Pontevedra) en protesta por el "deterioro" e sus condiciones de trabajo y para reclamar al Gobierno central que "cumpla sus compromisos" en materia salarial y de personal.
La concentración se produjo coincidiendo con la celebración de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, y cortó durante varias horas el acceso en coche al centro penitenciario. Aquel que quería llegar a la prisión era desviado a un aparcamiento de un polígono empresarial cercano y debía hacer el resto del camino a pie.
La protesta se inició a las 7.30 horas, coincidiendo con el relevo del turno de mañana y un día antes de que los sindicatos se reúnan en Madrid con representantes del Gobierno. A ellos, les exigen que aporten "una propuesta económica suficiente y capaz" para paliar la "brecha salarial" entre los funcionarios de los diferentes centros del Estado.
"Olvido y menosprecio"
Los sindicatos denuncian el "intencionado olvido y menosprecio" del Ministerio del Interior con el colectivo de prisiones en los últimos años, en lo que definen como la "etapa más decadente de prisiones de toda la democracia", ante la apuesta del Gobierno por "degradar el servicio público penitenciario y orientarlo a su privatización, deteriorando condiciones laborales".
Ante ello, buscan mandar "un mensaje" al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que "cumpla los compromisos que adquirió en sede parlamentaria" en relación a sus reclamaciones laborales.
En esta línea, sindicalistas de CC.OO. recordaron que el propio Grande-Marlaska admitió que se trataba de unas "reivindicaciones justas", ante lo que exigen actuaciones por parte del Gobierno.
Los sindicatos afirman que el Gobierno incorpora en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades necesarias para remunerar las plazas de trabajadores penitenciarios, tanto las ocupadas como las vacantes. Sin embargo, al no cubrirlas, "ahorra cientos de millones de euros". En concreto, los sindicatos aluden a que, en los presupuestos actuales, el Gobierno se ahorraría más de 115 millones al dejar sin cubrir 3.393 plazas.
Una práctica que aseguran que es reiterada y que supone que en los tres últimos años se han dejado sin cubrir "siempre por encima de las 3.000 plazas".
