Después de una larga y compleja instrucción y de un denso juicio que se celebró el pasado mes de enero, el juzgado de lo Penal 4 de Pontevedra ha dictado sentencia sobre uno de los casos más rocambolescos de los últimos años en la provincia. Un asunto que involucró a una de las inmobiliarias más emblemáticas de la ciudad de Pontevedra, Gómez de Bodaño, entidad que acabó teniendo como administrador y dueño a un "hombre de paja" que durante la instrucción llegó a estar desaparecido y buscado por homicidio y que, tras entregarse, fue posteriormente condenado a doce años y medio de prisión por la muerte violenta de un amigo. Un conocido a quien, tras matarlo, descuartizó y ocultó su cuerpo en un arcón en un piso de Ponteareas en lo que se conoció como "crimen del congelador".
El descuartizador de Ponteareas es el paraguayo José Antonio Frutos Ayala, quien tras su detención y condena por el crimen ya relatado, resultó pieza clave para resolver también este segundo caso de fraude fiscal en esta inmobiliaria. Su confesión con pelos y señales en el juicio celebrado en Pontevedra le ha servido como atenuante, de tal forma que el juzgado de lo Penal 1 le impone a una mínima pena de diez meses de prisión por fraude fiscal. La sentencia recoge que, tal y como él declaró en el juicio, se limitó a ser un "testaferro" que se situaba al frente de la inmobiliaria únicamente para firmar los papeles que se le ponían delante a cambio de una contraprestación. El objetivo: ocultar la verdadera titularidad de la empresa.
Pero en este juicio había otras seis personas que se sentaban en el banquillo junto a Frutos Ayala. De todas ellas, una más resulta condenada por este fraude; otra más lo habría sido de no haber fallecido esperando la sentencia y los otros cuatro son absueltos por la titular del juzgado de lo Penal 4 de la capital.
Para entender bien lo sucedido, es necesario remontarse al año 2011. Es entonces cuando el matrimonio fundador de la inmobiliaria Gómez de Bodaño decide vender la empresa ante los embates de la crisis económica. Estos dos acusados, Manuel G. G. y su esposa Leonarda G. M. , venden la firma por un euro a cambio de reservarse los derechos de un crédito litigioso que mantenían con la AEAT y varios inmuebles. Una venta que inicialmente se iba a hacer a un grupo inversor catarí, pero de los árabes nunca se llegó a saber nada.
Es aquí donde aparece también una figura clave en todo este asunto, José María L. R., empleado de confianza del matrimonio que estuvo durante 35 años al servicio de Gómez de Bodaño y que, pese a la venta y a que se había jubilado, continuó ostentando poderes en la empresa con los nuevos propietarios. En esa misma época, la inmobiliaria realizó ventas de inmuebles por valor de unos 2,7 millones de euros por los que, sin embargo, no tributó en el ejercicio de 2012, lo que supuso un fraude a Hacienda de unos 142.000 euros. Ninguno de los acusados negaba la existencia de dicho fraude, pero sí de quién era la titularidad de la empresa en el momento de los hechos.
La tesis del fiscal sostenía que todos ellos habían urdido un plan (diseñado por el asesor fiscal de los fundadores de la empresa) para ocultar a Hacienda la titularidad real de la empresa y eludir así sus responsabilidades fiscales. De ahí las sucesivas ventas por un euro de la empresa primero a Alberto F. A. (otro de los acusados) y después a una sociedad mercantil y finalmente a Frutos Ayala. Sin embargo, la magistrada considera que no se ha podido acreditar que los fundadores de la empresa conociesen la defraudación realizada a Hacienda, ni que tampoco su asesor fiscal, Antón B.C., hubiera diseñado plan alguno para engañar al fisco. Por lo tanto decreta su absolución junto a la de Alberto S. A.
El juzgado condena, no obstante, a quien considera uno de los dueños de hecho de la inmobiliaria tras la venta, David P. A., y absuelve por fallecimiento a José María L. R. (a quien recoge que el fallo que, sin duda, se habría condenado y de hecho carga sobre sus herederos la responsabilidad civil derivada de este asunto). Y es que el empleado de toda la vida de Gómez de Bodaño fue el encargado de cobrar los cheques por las operaciones de venta investigadas y actuaba en conjunto con David P. A. a quien el juez impone una pena de dos años de prisión y multa de 284.000 euros. Además, ordena la disolución de la empresa y a que los condenados inde nncien al Estdo con los 142.000 euros desfraudados.
