Miembros de la agrupación socialista de Pontevedra llegaron el pasado viernes a la ciudad del Lérez tras una intensa jornada de trabajo con responsables de distintos departamentos de la administración central en Madrid con un compromiso debajo del brazo. El Estado se muestra dispuesto, según ellos, a "abrir una mesa de negociación junto a las demás administraciones y a la propia empresa para discutir y valorar la posibilidad de traslado de Ence a otra ubicación fuera de la ría de Pontevedra".
Esta oferta, que desvelaban ayer en rueda prensa la secretaria general de la agrupación local del PSOE, Maica Larriba; el secretario de organización y portavoz municipal, Tino Fernández; y la secretaria de Medio Ambiente, María Pierres; venía avalado además con nombres y apellidos de altos cargos de la administración del Estado en aquellos departamentos que podrían estar implicados en un posible traslado: Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente; Raúl Blanco, secretario general de Industria; y Manuel de la Rocha, responsable de la Dirección de Asuntos Económicos del Gabinete de Presidencia.
Los socialistas explicaban que, conocedores de esta posibilidad, ahora debería ser el Concello de Pontevedra -y más concretamente su alcalde- el que "activase" esta nueva vía para buscar la salida de Ence de Pontevedra y aprovechar "esta nueva puerta que se abre" por parte del Gobierno central. La mesa de negociación incluiría a la Administración del Estado, a la autonómica y a las locales (Diputación y Concello), así como a la propia empresa.
Maica Larriba recordó que actualmente hay varios recursos contenciosos interpuestos contra la prórroga de 60 años concedida a Ence y asegura que el Gobierno no puede hacer más que esperar por estas sentencias. "El futuro de Ence depende de las resoluciones judiciales", aclaró, y que "mientras esto no se resuelve" considera "innecesario" plantearse otras vías como la de la "revocación o la anulación" de la concesión. Tino Fernández reconoce que la empresa podría entender que se encuentra en una situación de cierto "privilegio" pero recordó que su continuidad está pendiente de estos recursos contenciosos y que "en un juzgado sabes como entras pero no como acabas". Además, advirtió de que la fábrica en Pontevedra necesitará ampliaciones y obras y que "la prórroga no le garantiza una vida fácil a Ence en Pontevedra", por lo que cree que debería sentarse a negociar.
Los socialistas adelantaban que ahora habría que esperar a ver la respuesta de los distintos agentes que deberían integrar esta mesa de negociación como son la Xunta, el Concello y la propia empresa. Las respuestas no se hicieron esperar y no son muy esperanzadoras. Aunque nadie rechaza de plano la posibilidad de un diálogo, parece que la propuesta socialista está destinada al fracaso.
Una inversión inabarcable
Para empezar, desde la propia empresa siguen viendo prácticamente inviable un traslado de su fábrica por los inabarcables costes de la operación. Ya en el pasado se llegó a hablar de hasta 700 millones de euros de inversión. Ayer, desde Ence se limitaron a recordar que disponen de un estudio que la empresa encargó en su día a una firma especializada del sector de la celulosa "del mayor prestigio". Dicho estudio confirmó que "no hay emplazamientos en Galicia que reúnan las condiciones técnicas, económicas y logísticas necesarias para acoger una biofábrica, con una capacidad equivalente y que asegurara la rentabilidad de la fuerte inversión que requeriría dicho traslado".
Con todo, Ence reitera que está siempre dispuesta en todo momento a sentarse a hablar con la administración, aunque en este caso "para explicar a los responsables políticos las dificultades para acometer el traslado".
Por parte del Concello y la Xunta se coincide en que el anuncio del PSOE local tiene tintes "electoralistas" y no le dan relevancia mientras no sean fuentes oficiales del propio Ejecutivo las que trasladen la propuesta.
"Es una cortina de humo"
Es más, para el edil del Concello de Pontevedra, César Mosquera, la oferta desvelada ayer por los máximos responsables de la agrupación socialista en el municipio no es más que "una cortina de humo" para esconder en Galicia la decisión adoptada en Madrid de "que no van a hacer absolutamente nada" para revocar la prórroga de Ence en Lourizán. "Y como no tienen pensado hacer nada lanzan esta feliz, o más bien infeliz, ocurrencia", añadió. Instó en todo caso a que si quieren realizar un planteamiento en serio que el Gobierno central remita un escrito y aclare, entre otras cuestiones, si está dispuesto a poner dinero para un traslado que "puede costar 800 o 1.000 millones de euros".
Por parte de la Xunta, la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, destacó que le resulta "llamativo" que la administración del Estado con quien "primero se siente" para tratar este asunto no sea ni con el alcalde de Pontevedra, ni con la Xunta, la empresa o sus trabajadores, sino que lo hagan "con un interés claramente político" con la agrupación municipal socialista.
Lamentó la vía utilizada por el Ejecutivo para dar a conocer esta posibilidad, calificó la medida de "efectista y populista", aunque señaló que si llega "una invitación formal", no tendrían problema en sentarse en una esa mesa de negociación para defender los intereses de los trabajadores de Ence y los 70.000 puestos de trabajo del sector forestal que, aseguran, dependen de la pastera.
