El aparcamiento Veteris, bajo la calle Antón Fraguas, vuelve a estar en la picota. La reciente "buena noticia" de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avalaba en una sentencia el plan urbanístico del Concello destinado a legalizar ese parking, puede verse ensombrecida por los "defectos" que los servicios técnicos municipales han detectado en la única oferta disponible para asumir su gestión, firmada por la misma empresa que ahora asume, de forma interina, esa labor.

Un año después de convocarse el concurso para su adjudicación, que ha pasado por innumerables vicisitudes administrativas, la mesa municipal de contratación se reúne hoy para analizar si la única propuesta existente cumple o no las condiciones. De aceptarse, se resolverían años de inseguridad jurídica, pero si se rechaza, el Concello se puede meter en otro lío, uno más con este parking.

De quedar desierto una vez más este proceso, el Concello se podría ver obligado a asumir directamente la gestión, lo que enfrentaría al gobierno local a la posibilidad de tener que hacer frente a una indemnización de más de 3,2 millones de euros a la actual empresa concesionaria si finalmente no encuentra a ninguna otra compañía que quiera hacerse cargo de esa explotación. Ese dinero es lo que se estima que gastó Veteris en ejecutar el parking.

El gobierno local ya elaboró hace meses, preventivamente, un plan de pagos de esa millonaria indemnización. Sería a lo largo de siete años a razón de unos 450.000 euros anuales. Y de llegarse a ese extremo, incluso se manejan varias posibilidades. Así, cabría la constitución de una empresa pública o incluso ceder la explotación a alguna entidad sin ánimo de lucro.

Se da la circunstancia de que esta misma semana una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) parecía despejar el camino para el segundo intento de legalización del parking Veteris, al desestimar el recurso contra el segundo plan urbanístico de este aparcamiento, un documento aprobado en abril de 2016 por el Concello para dar amparo a este polémico recinto, cuya anterior tramitación fue anulada por completo por los tribunales, lo que obligó al gobierno local a reiniciar todo el proceso desde el principio.

La inseguridad jurídica del parking es la que pretendía resolver el Concello con el nuevo plan especial de infraestructuras aprobado definitivamente en abril y el concurso para adjudicar de forma lícita su concesión, ya que hasta ahora funciona con una autorización a la misma empresa que ejecutó el aparcamiento y los edificios residenciales superiores, sin concurrencia pública.

Este concurso se convocó hace casi un año, en octubre de 2017, y está aún sin resolver, ya que el interés empresarial es casi nulo. Hoy se da un paso más, pero las previsiones son inciertas.

El primer concurso tuvo que declararse desierto porque ninguna empresa, ni siquiera la actual adjudicataria, se presentó a la cita. Sin embargo, apenas unos días después esa firma y otras tres manifestaban su deseo de ser invitadas al procedimiento negociado abierto a continuación. El Concello procedió entonces a solicitar ofertas a esas cuatro compañías interesadas, pero finalmente solo una contestó, la misma que gestionó el parking hasta ahora. El gobierno local admitió ayer de que esta única oferta presenta "defectos", lo que arroja de nuevo negros nubarrones sobre este parking.