Un acuerdo entre las partes evitó la repetición del juicio contra Santiago Gómez Lorenzo, el hombre de Guillán (Vilagarcía) acusado de matar a su hermano con un disparo de escopeta en septiembre de 2012.

La Fiscalía solicitaba inicialmente 10 años de prisión, pero tras llegar a un acuerdo con la familia de la víctima el proceso se saldó con una condena a 2 años por un delito de homicidio por imprudencia, además de indemnizaciones de 180.000 euros para la viuda y 18.000 para cada una de las dos hijas de la víctima. La madre del fallecido renunció a cualquier indemnización.

Santiago Gómez ya ha estado más de dos años en prisión provisinal por estos hechos, por lo que se prevé que ya no entre de nuevo en la cárcel.

El hombre ya fue juzgado en 2104, pero el Tribunal Supremo ordenó la repetición del juicio al apreciar contradicciones en el veredicto del jurado popular.

Para alcanzar esta pena se incorporaron las atenuantes de reparación del daño (el acusado está abonando las indemnizaciones), confesión de los hechos y dilación extraordinaria del proceso por causas no atribuibles al imputado.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra no llegó a constituir este lunes el jurado que estaba convocado para este nuevo proceso.

El abogado de la acusación explicó al finalizar la vista que la familia aceptó este acuerdo porque su intención era la de aclarar lo ocurrido y demostrar que el acusado realmente mató a la víctima, sin dilatar más un proceso que ya ha añadido más dolor innecesario a los afectados. "Ha llegado el momento de cerrar heridas, empezar a vivir y conseguir cierta estabilidad", explicó el letrado.

En el relato de la acusación que ha llevado a esta petición de condena se considera que Santiago Gómez realizó un disparo en el transcurso de una discusión con su hermano, al sentirse atacado y sin intención de causarle la muerte, aún sabiendo que podría causarle heridas. El disparo en una pierna derivó finalmente en el fallecimiento de la víctima, pero el propio acusado telefoneó a la Policía y reconoció los hechos.

En el momento de la muerte la víctima contaba 47 años de edad y llevaba casado los últimos 27.

Las partes solicitan además la prohibición al acusado de acercarse o ponerse en contacto con la viuda y las hijas de la víctima por un período de 4 años, la privación del persmiso de armas durante 3 años, y abonar las costas procesales, también las de la acusación.

Al concluir la vista celebrada este lunes, el acusado se confesó culpable y aceptó las penas. La sala aún no dictó sentencia.