16 de septiembre de 2018
16.09.2018

La Xunta acrecienta la inspección urbanística en la comarca y suma ya 32 derribos este año

Supone duplicar el ritmo de actuaciones del pasado ejercicio, que se cerró con 28 demoliciones - Todos los municipios salvo A Lama registran algún caso - Pontevedra, Sanxenxo y Vilaboa a la cabeza del territorio

16.09.2018 | 03:36
Concentración vecinal en Riomaior (Vilaboa) para impedir el derribo de una vivienda por parte de la APLU. // G. Santos

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, cumple más de una década de actividad desde su creación, pero han sido los tres últimos años los de mayor intensidad inspectora en la comarca de Pontevedra. Si en 2016 se certificaron 18 demoliciones en nueve municipios, doce meses después la cifra de derribos ya aumentó a 28 en once territorios.

Pero estas cifras se han visto ya pulverizadas en apenas seis meses de 2018. En este primer semestre del año, la APLU ya ha llevado a cabo en la comarca 32 demoliciones (lo que supone el doble de toda la actividad del pasado ejercicio) y casi ningún municipio se ha librado de la "piqueta" de la Xunta. Todos los concellos de Pontevedra y su entorno, salvo A Lama, han registrado al menos uno de estos casos.

Como suele ocurrir desde hace años, Sanxenxo figura entre los municipios más afectados, pero en esta ocasión la actividad de la APLU fue similar en Sanxenxo a la de otros territorios como Pontevedra o Vilaboa. En cada uno de ellos hubo cinco derribos en estos primeros seis meses de 2018, según los datos oficiales de la propia Axencia. Se da la circunstancia de que la página web de la APLU, donde se actualizaba periódicamente esta información, permanece "en construcción" desde hace meses y no divulga las actuaciones más destacadas, como sí ocurría antaño.

En todo caso, sus inspecciones urbanísticas de inmuebles ilegales sí se ha visto acentuada de forma notable en ese periodo. Tras las cinco demoliciones de Pontevedra, otras cinco en Sanxenxo y cinco más en Vilaboa, estas "piqueta" institucional llegó entre enero y junio a Marín (4), Poio (4), Portas (2), Barro (1), Caldas de Reis (1), Campo Lameiro (1), Cerdedo-Cotobade (1), Cuntis (1), Moraña (1) y Ponte Caldelas (1). En toda la provincia de Pontevedra, el número de demoliciones fue en este primer semestre de 93 en 33 municipios, por lo que la actividad en la comarca supone el 35% de todos los derribos provinciales.

No obstante, no son los municipios del entorno del Lérez los más problemáticos. La APLU tuvo que actuar con mayor frecuencia en municipios como A Guarda (siete casos), Vigo (seis) sobre todo en Cangas y Redondela, con nueve demoliciones respectivamente. También hubo "visitas" a Bueu, Illa de Arousa, O Grove, Soutomaior, Vilagarcía o Vilanova de Arousa, entre otros.

La información facilitada por la consellería, referida al primer semestre del año detalla que se iniciaron en toda la provincia 55 expedientes nuevos de reposición de la legalidad urbanística y se resolvieron 117 de este y otros ejercicios con 22 remisiones a la Fiscalía. Esta actividad se derivó en 82 multas coercitivas (por importe de 137.000 euros) y 73 demoliciones ejecutadas.

En cuanto a expedientes sancionadores, entre enero y junio se abrieron en la provincia 28 nuevos y se finalizaron cincuenta, con 76 multas (por importe de 256.000 euros) dos ejecuciones subsidiarias, a cargo del propietario, y veinte directamente desde la APLU.

Asimismo se iniciaron 80 actuaciones informativas y se archivaron 45, todo ellos a raíz de 263 actas de inspección, 235 informes y 63 comunicaciones de actuación a los concellos.

En ejercicios anteriores la "piqueta" de la Xunta actuó en todo tipo de inmuebles ilegales, desde naves industriales a caravanas situadas en terrenos no autorizados, pasando por viviendas, galpones e incluso chiringuitos de playa. En este semestre aún no se dispone de esos datos en detalle mientras no se actualice definitivamente la pagina web de la Axencia.

Coordinación con la Fiscalía

Una de las medidas en las que más se ha trabajado en los últimos años es en la relación con las Fiscalías para detectar posibles delitos urbanísticos. En el caso de Pontevedra, ya se han celebrado un par de juicios por este caso, aunque hasta el momento los afectados han logrado salidas airosas.

Esta colaboración no fue siempre tan estrecha. Hace dos años, la Memoria de 2016 de la Fiscalía General del Estado alertaba de la supuesta "dejación" de la APLU en su labor inspectora, al menos a la hora de comunicar dichas infracciones urbanísticas a la Justicia. Aquellas quejas parecen ahora resueltas, al menos en lo que se refiere a la provincia de Pontevedra. Y es que, según los datos que maneja el Ministerio Público, la remisión de expedientes de oficio por parte de la APLU ya fue "muy elevada" a lo largo de 2016 y lo siguió siendo después, según confirmaron en su día fuentes de la Fiscalía de Pontevedra.

Tanto es así, que este incremento de las denuncias trasladadas por la APLU se ha dejado notar de forma evidente en las estadísticas que maneja la Fiscalía, de tal forma que en tan solo un año los delitos urbanísticos se doblaron en la provincia, pasando de los 41 que se tramitaron en 2015 a los 88 de 2016. En 2014, la cifra de ilícitos de este tipo conocidos por el Ministerio Público en la provincia era de apenas 26, de ahí que parece que este llamamiento realizado por la Fiscalía a una mayor coordinación ha surtido efecto. Y es que este incremento tan importante del número de delitos se achaca en gran medida a este aumento de las comunicaciones de oficio por parte de la agencia de la Xunta.

El aumento del número de delitos urbanísticos investigados no ha venido acompañado de un incremento del número de derribos acordados por la Justicia. En este sentido, las estadísticas de la Fiscalía señalan que el año 2016 fueron cuatro, frente a la decena de derribos del anterior ejercicio. En la Memoria de la Fiscalía de 2015 se señaló que la demolición de los inmuebles ilegales es quizá la parte que sigue siendo más difícil de ejecutar en este tipo delitos, en primer lugar por la sucesión interminable de recursos judiciales que suelen interponer los afectados para tratar de aplazar al máximo el derribo. Con todo, sí cabe destacar que cada vez son más los infractores que asumen la demolición por su cuenta en lugar de esperar a una ejecución forzosa y el pasado año de las cuatro actuaciones que se llevaron a cabo tres fueron de forma voluntaria y solo una forzosa. El número de derribos constatados por la APLU en vía administrativa fue mayor.

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