El municipio de Vilaboa se ha convertido en uno de los principales focos de protesta social contra la actividad de la APLU, ya que han sido varios los casos de derribos e incluso denuncias judiciales que afectan a sus vecinos. El caso más sonado de los últimos meses es el de Enrique López Patricio, sobre cuya casa de Riomaior pende una orden firme de demolición que solo se ha evitado hasta ahora gracias a la solidaridad vecinal.

Muchos de los afectados tienen puestas sus esperanzas en que Vilaboa disponga de un Plan de Urbanismo, que permitiría legalizar, a su juicio, gran parte de esos inmuebles. Pero el documento acumula años de trámites y no sale adelante.

El gobierno local confía en que sí sea posible ahora, una vez que Augas de Galicia envió un informe definitivo sobre el abastecimiento en el municipio. El alcalde, José Luis Poceiro, ha explicado que la intención es llevar el PXOM a pleno "a finales de octubre o principios de noviembre", cuando esté adaptado a ese informe de Augas. "La idea era hacerlo en septiembre, pero este segundo informe nos obliga a corregir el Plan, en lo que ya trabaja el equipo redactor".

Después de su aprobación por el pleno, el PXOM será remitido a la Xunta para que emita, en su caso, el informe definitivo que permita su entrada en vigor. Poceiro ha calificado de "muy positiva" la última postura de Augas de Galicia, que aprueba las previsiones de abastecimiento en buena parte del municipio. De este modo, las parroquias de Figueirido y Bértola, "salvo algún barrio" , entran en el PXOM junto con Santa Cristina de Cobres, San Adrián de Cobres -menos el núcleo de Sobreira-, y San Martiño de Vilaboa -salvo los núcleos de A Graña y Novás- ya que todas ellas cuentan con concesiones suficientes para cubrir la demanda de su población.

En cuanto a la actividad de la APLU en Vilaboa, en el primer semestre se efectuaron cinco demoliciones, si bien el número de expedientes es mucho mayor. En julio pasado, la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio decía que la APLU tenía en tramitación en el municipio 58 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, de los cuales 30 se refieren a construcciones en suelo rústico y 28 están en zona de servidumbre de protección, "un ámbito en el que el urbanismo se rige por la normativa estatal de Costas y en el que, por lo tanto, la Xunta carece de competencias", añade.

Por otra parte y respecto a las posibilidades que abriría para los afectados la aprobación de un nuevo PXOM en Vilaboa, el director de la APLU, José Antonio Cerdeira explicó que aunque es posible que el futuro plan modifique la situación urbanística de algunos inmuebles en suelo rústico, la agencia no puede revisar ningún caso hasta el momento en que el PXOM esté aprobado. "La tramitación de un expediente de reposición de la legalidad no se ve afectada en ningún momento por los procedimientos de modificación o de aprobación del planeamiento en marcha", por lo que el director de la APLU incidió en que las posibilidades de legalización en cada caso habrá que analizarlas en el momento en que entren en vigor.

Respecto a la situación de la vivienda de Riomaior sobre la que pesa una sentencia firme del TSXG con orden de derribo, el director de la APLU explicó que en este caso, al igual que en todos aquellos en los que existe un pronunciamiento judicial, "la Administración tiene el deber de cumplir la ley y seguirá adelante con el proceso para ejecutar el mandato de la justicia".

Por el momento no se ha llevado a cabo ese derribo y los vecinos mantienen sus protestas semanales los lunes, miércoles y viernes.