En un juzgado de violencia sobre la mujer todo es urgente y, en esta materia, está de guardia todos los días laborales del año, como así recoge la Ley Orgánica de Protección a las Víctimas. El problema de Pontevedra, al igual que en el resto de la ciudades gallegas con la excepción de A Coruña y Vigo, es que además este órgano judicial se sobrecarga con el trabajo habitual de un juzgado de instrucción, tramitando cargas penales que nada tienen que ver con la violencia de género y asumiendo también las funciones de juzgado de guardia cuando le toca.

Esto unido a un aumento de los casos de violencia sobre la mujer en el partido judicial en lo que va de año, está provocando que los medios materiales y humanos que tiene el tribunal se estén manifestando como realmente escasos.

Así lo denuncia el sindicato Alternativas na Xustiza-CUT, quien reclama de manera inmediata el nombramiento de dos funcionarios de refuerzo o, cuando menos, la prolongación de jornada para sus trabajadores. Además, consideran imprescindible que se cumpla con todos los mandatos de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Víctima y para ello consideran imprescindible que la ciudad cuente con un juzgado no especializado, sino específico en violencia machista, que atienda en exclusiva esta lacra. "Cualquier otra solución es un parche", explican desde Alternativas na Xustiza.

¿Y cuál es la situación en Pontevedra? Pues que este aumento de los casos de maltrato, junto a la obligación de conjugar esta labor con las tareas ordinarias de un juzgado de instrucción están provocando que sea "imposible" trabajar de una manera eficaz y controlada".

Celebración de juicios rápidos, atención a la víctima en los distintos puntos del proceso, recogida de denuncias, puestas a disposición de los peregrinos, quebrantamientos, órdenes de protección, exhortos y órdenes a otras demarcaciones..., son un ejemplo claro de la "vorágine" que se vive cada día en un juzgado de violencia. A todo esto hay que sumar las consecuencias de tres meses de paro con motivo de la huelga que se vivió en la administración de Justicia en Galicia y que en este juzgado provocó, según la CUT la paralización de 206 demandas (118 sin tramitar y 88 simplemente incoadas), 49 exhortos pendientes de aceptar y un atraso de 7 meses en los juicios penales y civiles.

Desde Alternativas na Xustiza-CUT denuncian que, además del trabajo procesal, los funcionarios se ven obligados a ejercer labores que se podrían denominar "impropias", como "escuchar y animar psicológicamente a la víctima", realizar gestiones telefónicas para localizar a algún familiar para que la acompañe, labores de investigación para dar con el paradero de alguna víctima y denunciado, o incluso hacerse cargo de los hijos de las víctimas cuando estas prestan declaración, así como tranquilizar a familiares o allegados que las acompañan.

Además, insisten en que los juzgados no cuentan con las dependencias adecuadas para este tipo de casos. Así, en ocasiones los funcionarios se ven obligados a estar pendientes para evitar que víctima y denunciado se encuentren. Además, "las víctimas se ven obligadas a aguardar todas juntas en una sala minúscula, en la que no tienen intimidad ni siquiera para ser asesoradas por su abogado. También los denunciados comparten todos una misma sala.

Por último, la gestión de las pulseras telemáticas es otro engorro. Genera una pieza separada muy voluminosa y muchas incidencias, a veces por su mal funcionamiento, lo que genera una nueva comparecencia para que víctima y denunciado aclaren lo que realmente sucedió.

En lo que va de año hay ya 226 denuncias presentadas, frente a las 279 que se registraron en todo el año anterior.