El diputado nacionalista por Pontevedra, y concejal en el ayuntamiento, Luís Bará, acaba de presentar varias iniciativas parlamentarias en forma de proposición no de ley y de preguntas al gobierno gallego que tienen como objetivo reclamar al gobierno del Estado que apruebe la caducidad de la concesión, que finalizó el pasado 29 de julio. Pero además, el BNG (uno de los principales arietes contra la permanencia de la clorera también desde el gobierno del Concello de Pontevedra) pide a la Xunta que apruebe el proyecto de desmantelamiento y descontaminación de los terrenos, que debe llevar a cabo la empresa, así como el cumplimiento del acuerdo firmado en 2013 entre la Xunta y entonces la empresa CUF (la propietaria dela clorera actualmente se denomina Bondalti) que preveía el compromiso por parte de la compañía de no solicitar prórroga de la concesión así como el traslado de la factoría.

En este sentido, el BNG pregunta a la Xunta qué pasos está dando para el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la actividad industrial de Elnosa en el entorno de Pontevedra. Los nacionalistas explican que "al mismo tiempo que se llevan a cabo los trabajos de descontaminación y desmantelamiento, que supondrán una importante carga de trabajo, si de verdad existe interés por mantener el empleo, la Xunta de Galicia debe ponerse manos a la obra para buscar un emplazamiento alternativo, tal y como se recoge en el acuerdo en 2013".

Los nacionalistas recuerdan que aquel protocolo entre Xunta y el grupo empresarial propietario de Elnosa preveía tres acciones: La primera el cese de la actividad de mantear improrrogable en la ría a finales de 2016; compromiso de la empresa de no solicitar la prórroga de la concesión (que caducó en julio pasado) y el compromiso de la empresa de presentar dos propuestas de ubicación alternativa, una de ellas en el área de influencia de Pontevedra.

En sus propuestas, Bará pide ala Xunta que demande al Gobierno que se decrete la caducidad de la concesión de Elnosa; que reclame la elaboración y desarrollo de un plan de contaminación y regeneración de los terrenos y que el gobierno gallego vele por el cumplimiento del protocolo firmado por la empresa para buscar un nuevo emplazamiento.