05 de septiembre de 2018
05.09.2018

El fiscal archiva la investigación por coacciones en las votaciones por la huelga de la Justicia

Reconoce que en los vídeos se aprecia "una presión organizada" para evitar que se vote pero no observa delito dado que ningún funcionario ratificó que se sintiera intimidado

05.09.2018 | 03:21
Funcionarios contrarios al acuerdo muestran sus papeletas con el "no" el día de la votación. // R. Vázquez

La Fiscalía de Pontevedra emitió en los últimos días un decreto mediante el cual procede al archivo de las diligencias de investigación penal abiertas a raíz de una denuncia presentada por un delegado sindical de Ourense por presuntas coacciones a raíz de los hechos ocurridos durante el pasado 27 de abril de este año en las votaciones de los funcionarios de Justicia que deberían ratificar, o no, el acuerdo alcanzado por varios sindicatos con la Xunta para poner fin a la huelga. Un pacto que fue calificado como traición por parte de los sindicatos que se rechazaban el mismo.

A raíz de las diligencias informativas abiertas, la Fiscalía llamó a declarar en calidad de investigados a tres sindicalistas de las centrales contrarias al acuerdo (Quique Araújo, de STAJ; y Fina Iglesias y Pablo Valeiras, de CUT-Alternativas Xustiza). El fiscal contaba con la denuncia y con numeroso material gráfico, sobre todo vídeos, de las protestas de los funcionarios contrarios al acuerdo en los que se denunciaba este hostigamiento a los partidarios del sí, citando a declarar a delegados de los sindicatos que firmaron el acuerdo así como a otros investigados.

Realizadas todas estas diligencias, la Fiscalía de Pontevedra decide archivar el caso al entender que no aprecia delito, pero aún así critica duramente los contenidos del vídeo y lo que se recoge en ellos de lo sucedido en aquella jornada de votación.

Así las cosas, recuerda el Ministerio Público en este decreto, firmado por el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, que la ratificación o no del acuerdo se iba a realizar mediante voto en urna, una "fórmula de mayor pureza democrática" que la realizada hasta ahora por votación asamblearia.

Sin embargo, concluye que, de los vídeos remitidos con la denuncia y "ampliamente difundidos por las redes sociales", se deduce "que la votación resultó prácticamente imposible, pues en su curso se produjo una gran algarabía, constantes gritos e insultos infamantes".

"De los vídeos se colige que algunas personas, todas ellas vestidas con camisetas azules, impedían el normal desarrollo de una votación democrática, con gritos constantes a los integrantes de una mesa donde se encontraba la urna, gritando otros y algunos gesticulando frente a la misma, diciendo que los representaban, llegando incluso a golpear la urna de votación", añade.

Acción "orquestada"

Reflexiona el fiscal jefe en este decreto que "aunque podría considerarse que una huelga prolongada durante tres meses supone la existencia de una situación de nerviosismo, lo que se observa en los vídeos aportados reviste algo más, pues en ellos se advierte una clara coacción orquestada y organizada, donde un grupo uniformado y dirigido, trataba de forma secuencialmente ordenada de evitar la votación, a la que deberían acudir todos los integrantes del censo; sin embargo, allí no se ve votar a nadie, pese a que en la urna sí se advierte que hay numerosas papeletas y es difícil pensar que a aquella votación pudieran acudir otros distintos a los uniformados". Concluye que, ante la "presión organizada que se deduce de los vídeos es difícil pensar que a aquella votación pudieran acudir otros distintos de los uniformados", explica el fiscal.

Con todo, no aprecia delito dado que todo delito de coacción requiere de una víctima que se haya sentido intimidada y en este caso en concreto, más allá de los vídeos que no son suficiente, ningún funcionario ratificó lo que allí se aprecia y declaró haberse sentido intimidado o coaccionado esa jornada. Además, también cuestiona al denunciante que, "sorprendentemente", no estaba en los juzgados el día de los hechos.

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