La "ley mordaza" fue bautizada así por diversos sectores de la sociedad que veían en esta normativa un intento del anterior gobierno del PP de frenar las movilizaciones y protestas como las que habían surgido al calor del 15-M. Consideraban, por ejemplo, que incluía algunos artículos que daban demasiado poder a las Fuerzas de Seguridad para poder reprimir este tipo de movilizaciones. En estos momentos, existe un fuerte debate político ante la promesa realizada por el Partido Socialista de derogar o al menos modificar esta ley.

Uno de los artículos más polémicos era el que se refería a la toma de imágenes de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante sus intervenciones. En concreto, el artículo castiga el "uso no debido y no autorizado de imágenes o datos personales y profesionales de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan llegar a poner en peligro la seguridad personal o incluso familiar del agent. En la provincia de Pontevedra este artículo de la "Ley Mordaza" fue empleado el pasado año únicamente en una ocasión, frente a las dos sanciones del año pasado.

Se hablaba también de un artículo para facilitar la ejecución deshaucios e impedir así las protestas ciudadanas que evitaron algún desalojo en los últimos años. Es el que señala como infracción grave "impedir y obstruir el ejercicio legítimo de las funciones de autoridades, funcionarios y cualquier empleado público", siempre que esta no sea delito. En este caso se impusieron 11 sanciones por este tipo de conductas, frente a las 9 del pasado año. La media de cada sanción fue de 800 euros.

También se incluía un artículocontra la ocupación de inmuebles. Frente a las 7 sanciones del 2016 el pasado año tan solo se registraron tres con una recaudación total de 600 euros.

Por último, se produjeron dos sanciones por escalo de edificios o monumentos sin permiso (400 euros de sanción) este año no hubo, al contrario de 2016, ninguna sanción muy grave por lanzar haces de luz contra pilotos.