El Concello de Pontevedra emitirá el próximo trimestre más de 70.000 recibos del impuesto de bienes inmuebles (IBI) en el ámbito urbano y rural de Pontevedra, correspondientes a un impuesto que afecta a todo tipo de propiedades mobiliarias ya sean viviendas, plazas de garaje, bajos comerciales e incluso trasteros segregados de la residencia.Lo mismo ocurre con las construcciones en el rural.
El Concello de Pontevedra carece por el momento de la cantidad exacta que prevé recaudar este año en concepto de IBI pero sí confirman un sensible incremento con respecto al año pasado, que ya rondó los 18 millones de euros, debido al resultado de las inspecciones y las campañas anti fraude llevadas a cabo por el Gobierno local, que han descubierto anexos e incrementos de habitabilidad que ya computarán en el recibo de este año. A mayores, esta campaña arrojó unos importantes ingresos extra para las arcas municipales, ya que los propietarios han comenzado a recibir este verano las correspondientes notificaciones con la regularización de su Impuesto de Bienes Inmuebles, en las que se le notificaba la cantidad adeudada en concepto de regularización de los últimos años. Eso sí, con la posibilidad de fraccionar ese pago.
La recaudación por IBI para este año 2018 podría situarse en torno a los 20 millones de euros.
Periodo voluntario
Pero una cosa es la cantidad que el Concello prevé ingresar por este impuesto, y otro diferente es la que realmente abonan los contribuyentes de forma voluntaria. Fuentes municipales sitúan en un 9,10% el índice de morosidad que registra este impuesto, que se reduce hasta un 4,45% cuando los recibos son derivados a Recyges, empresa encargada de gestión del cobro en vía ejecutiva.
Aunque desde el Gobierno municipal restan importancia a esta cifra, ya que las reticencias de los ciudadanos a hacer el pago en periodo voluntario se resuelven con la intervención de la empresa de gestión de cobro, esto supone una merma importante en los ingresos reales para la administración local ya que la empresa se queda un 18,5% del recibo cobrado, hasta alcanzar los 900.000 euros que contempla el contrato, prorrogado hasta marzo de 2019, con el Concello como cantidad máxima anual a percibir su mediación.
Los cambios de propietarios o la imposibilidad de localización de los dueños de estos inmuebles son las principales causas a las que fuentes municipales achacan la morosidad en el pago de este recibo, cuestiones que no desalientan a la empresa concesionaria de la gestión de cobro, que mantiene activa la deuda de un ejercicio a otro, persistencia que logra reducir los índices de impagados.
De hecho, los datos facilitados por el Concello reflejan una deuda activa de 775.293 euros a finales de 2017 y correspondiente al IBI de 2016 y anteriores, unas cantidades pendientes todavía de actualizar este año por la empresa adjudicataria. El pasado año, Recyges gestionó el cobro por la vía de apremio de una cantidad que supera el millón y medio de euros.
