Sonia Iglesias Eirín fue vista en público por última vez sobre las diez y cuarto de la mañana del 18 de agosto de 2010. Hoy se cumplen ocho años de aquella desaparición que sigue conmocionando a Pontevedra y que sigue sin resolver. Una investigación inconclusa que tampoco permite cicatrizar la profunda herida que ha dejado en su familia la ausencia de Sonia, una desaparición que para la Policía es, a todas luces, forzada y de la que todavía no se ha logrado señalar con pruebas contundentes al responsable o responsables de la misma.

Son ocho años ya sin Sonia que, como explicaba ayer su propia hermana Maricarmen Iglesias, parece que "son muchos ya pero al mismo tiempo pocos". Reconoce que "cuando llegan estas fechas" también aumenta un poco el sufrimiento de toda la familia "al recordarlo todo otra vez". Los primeros momentos de incerteza, los primeros pasos de la investigación..., Maricarmen Iglesias ya afirmó en alguna ocasión que en aquellos momentos iniciales "igual se pudo haber hecho alguna otra cosa más" por parte de la Policía "pero imagino que ellos siguieron las hipótesis o un camino que era el correcto y que no dio el resultado esperado". En cualquier caso, explica que "ahora ya no se puede ir marcha atrás, hay que mirar hacia delante y tenemos esperanzas de que pueden volver a encontrar algo nuevo que lleve a los investigadores a realizar actuaciones como las del pasado mes de febrero que crearon nuevas esperanzas aunque luego no dieran lugar a nada concreto".

Se refiere la hermana de Sonia a las diligencias autorizadas por el juzgado de instrucción número 3 de violencia de género de Pontevedra, que en febrero pasado ordenó un exhaustivo registro de la casa y la finca de la familia de Julio Araújo, pareja de Sonia en el momento de su desaparición, y a quien la Policía consideró como sospechoso. Unas diligencias que también ordenaron el registro de un vehículo abandonado en un taller y que estuvo vinculado a una pareja de un hermano de Julio Araújo.

Tras el análisis de las pruebas y vestigios hallados en aquel registro por unidades especializadas de la Policía nacional, no se obtuvieron resultados concluyentes y el juzgado ordenó a finales del pasado mes de junio el archivo provisional de las actuaciones judiciales. Era la segunda vez que ocurría.

Tal y como insisten fuentes de la Fiscalía y de la Comisaría, esto no supone que el caso no se mantenga vivo policialmente. De hecho, el julio pasado el fiscal jefe de la provincia, Juan Carlos Aladro, confirmaba que la Policía Nacional (que tiene a un equipo trabajando casi en exclusiva en este caso) sigue abriendo nuevas líneas de investigación que esperan que puedan dar resultado.

Es a esto a lo que se aferra la familia de Sonia. "Aunque el caso esté archivado judicialmente, tenemos constancia de que la Policía Nacional sigue investigando y esperamos que puedan encontrar algo y se puedan realizar nuevas actuaciones, aunque las últimas no dieron el resultado esperado, la esperanza de resolver el caso sigue estando ahí", explica Maricarmen Iglesias, "mientras sigan buscando siempre puede aparecer algo nuevo".

El nuevo archivo judicial del caso dejó, en todo caso, abierta la puerta a la reapertura si aparecen nuevas pruebas policiales. De hecho, se daba carpetazo provisional al mismo pero a la espera del resultado de dos pruebas sobre los vestigios recuperados por la Policía en el registro de la vivienda de San Mauro que todavía están pendientes de realización. Según señala el propio auto de archivo, se trata de las conclusiones del análisis genético "de los fragmentos de cortical" (o lo que es lo mismo, corteza cerebral) "encontrados en la finca" de San Mauro durante los registros del pasado mes de febrero. Fuentes de la Fiscalía señalaron el pasado mes de julio que, aunque están a la espera de los resultados de estos análisis, todo hace indicar que los restos podrían tener origen animal.

Aunque Julio Araújo sí estuvo imputado por estos hechos judicialmente en la primera fase de la investigación, esta imputación se levantó con el primer sobreseimiento provisional de la causa en abril de 2015. Tras los registros de la vivienda de San Mauro en febrero de este año, Julio Araújo y un hermano suyo fueron llamados por la Policía a declarar a Comisaría, aunque ni esta comparecencia ni los resultados de las nuevas diligencias practicadas tras la reapertura del caso le supusieron imputación judicial alguna. El caso se cerró a la espera del trabajo que sigue desarrollando sin descanso la Policía Nacional.