El Concello de Pontevedra seguirá adelante "con todos los mecanismos" que tenga a su disposición "para lograr el objetivo de que Ence y Elnosa abandonen definitivamente su ubicación en el plazo de tiempo más breve posible".
La alcaldesa en funciones y concelleira de Urbanismo, Carme da Silva, reiteró ayer la oposición del gobierno local a la presencia del complejo Ence-Elonsa en Lourizán. Lo hizo en la rueda de prensa en la que dio cuenta del traslado de un informe desfavorable a la revisión de la autorización ambiental integrada, AII, que se está tramitando desde la Xunta de Galicia para Ence.
Da Silva recordó que el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal aprobado en su momento tenía un objetivo que no se cumplió. "Pasaron los plazos contemplados sin que se cumpliesen los objetivos, por eso entendemos que es nulo. Por otro lado, hay instrumentos de ordenación del territorio que prevalecen sobre los proyectos sectoriales y en base a los cuales 2018 es la fecha límite para la cesión de esos terrenos", avanzó.
Asimismo, informó de que los parámetros establecidos relativos a los sólidos químicos en suspensión o la demanda química y biológica de oxígeno superan, en el caso de Ence, los límites de la ley vigente.
En el caso de los sólidos en suspensión el límite según la ley de 2010, es de 15 miligramos por litro. Da Silva criticó que la autorización ambiental integrada los situase en 57,86 mg/l. "La empresa hace dos años emitía 27,9, lo que quiere decir es que se incumple pero, a mayores la AIII, establece un límite por encima de la legislación", indicó.
El informe del Concello advierte de que "se admiten valores medios tres veces los admitidos en la legislación autonómica, con el agravante de que, para los valores punta, permite incrementos del 30 por ciento sobre esos valores medios".
Por otro lado, la autorización no contempla las aguas pluviales que pasan por la factoría "y que terminan en el banco marisquero". "La AII deja incorporar al emisario submarino de la EDAR de Os Praceres, ambos instalaciones de competencia autónomica, caudales procedentes de un complejo con concentraciones de parámetros contaminantes similares a los de los caudales que llegan procedentes de la red de sumideros municipal", asegura el texto enviado a la Xunta.
Estos caudales industriales sale directamente a la ría de Pontevedra sin otro tratamiento que la propia dilución que sufren al salir del emisario submarino, desconociéndos las reducciones de concentración que experimentan.
En este sentido, deberían aplicarse las condiciones sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.
"Si hace caso de nuestros informes, la resolución de la Xunta debería ser negativa porque hay una serie de cuestiones que van contra la legislación vigente", consideró la alcaldesa en funciones. "En caso de que así no sea y se revise la autorización ambiental integrada, actuaremos con los procedimientos adecuados vía administrativa, judicial y social", anunció.
Mariscadores y APDR
El informe remitido al gobierno autonómico incluye las alegaciones de la Cofradía de Pescadores de Lourizán y de la asociación Ecoloxista APDR. Son, en el caso de la primera, las relativas a las consecuencias sobre el banco marisquero y, en el de los ecologistas, a la necesidad de cumplimiento de la directiva europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.
