El Concello de Pontevedra pedirá en un escrito al Gobierno del Estado que cierre los expedientes de caducidad y prórroga sobre Elnosa, ya que los servicios jurídicos municipales consideran que "no tiene sentido seguir con ellos ya que la concesión está extinguida".

Según explicó esta mañana la alcaldesa en funciones, Carme da Silva, "la obligación del Estado pasa por garantizar el cese de actividad, ya que la concesión venció ayer". "El expediente de caducidad tiene sentido antes de que finalice el permiso que Elnosa tiene para estar ahí. Una vez ha acabado, ¿qué es lo que hay que resolver?", expresó Da Silva. "El contrato finalizó antes de que se dictaminase algo del expediente de caducidad. No hay nada más que hablar", continuó la edil del BNG.

En esta misma línea, Da Silva apuntó que se podría dar la paradoja de que, una vez finalizada la concesión, "Elnosa siguiese en la ría y se prorrogue su actividad precisamente porque se está a la espera de un expediente de caducidad que ya no tiene sentido".

Al margen de exigir al Ministerio el cierre de los dos expedientes que pesan sobre Elnosa a día de hoy, el Concello de Pontevedra preguntará en el escrito "qué resolución sustenta la actividad provisional" de la fábrica. Asimismo, también exigirá al Estado que "cumpla la ley y garantice la recuperación de la zona".

Esperar al cierre definitivo

Por su parte, el portavoz del PSOE a nivel municipal, Tino Fernández, recalcó en una comparecencia previa que "el gobierno de Pedro Sánchez ha dado el impulso definitivo a la resolución sobre la caducidad de Elnosa". Fernández destacó que el asunto había estado parado "cuatro años y medio" y ya está próximo a su fin.

El portavoz socialista explicó que "los informes desde el Ministerio ya están emitidos" y ahora solo falta uno del Consejo de Estado "para que el cierre sea definitivo". "Hay un procedimiento reglado, unos plazos que no se pueden saltar", recalcó. "El procedimiento está finalizado y pronto llegará la resolución. La ría estará libre de Elnosa muy pronto", aseguró Fernández, que pidió "tranquilidad" y que no se "enfangue" porque "si se prevarica puede haber impugnaciones".

Sobre la caducidad de la concesión, Fernández ahondó en los argumentos ofrecidos por la subdelegada del Gobierno: "La fecha del 29 de julio ya nada tiene que ver porque el expediente de caducidad previo sigue abierto. Eso suspende todo lo demás".