La Audiencia Provincial de Pontevedra dejó visto para sentencia el juicio por un presunto delito continuado de abusos sexuales. El acusado, un vecino de Vilagarcía de Arousa natural de Bolivia, está acusado de abusar de sus dos hijastras, ambas menores de edad y aprovechó su última intervención ante el Tribunal para reiterar que la relación con la mayor de las menores era “consentida”.

La Fiscalía mantuvo para el acusado la imposición de penas de prisión que suman 19 años, así como una indemnización de 50.000 euros para la mayor de las hijastras, con quien mantuvo relaciones sexuales completas reconocidas por el acusado, y 9.000 euros para la más pequeña, a quien reconoció haber acariciado “por encima de la ropa”.

El abogado del acusado pidió una pena máxima de 3 años de prisión, reconociendo la existencia de una relación pero tratando de argumentar que siempre fue “consentida”.

En la última sesión de este juicio declaró un último testigo, cuñado del acusado, que reconoció que toda la familia “sospechaba” de la existencia una relación “extraña” entre víctima y acusado, pero que nadie se planteó denunciar hasta que el pastor evangélico que le guía se enteró de lo que ocurría.

Las dos niñas quedaban al cargo del acusado por motivos de trabajo de la madre. Entre el 12 de julio de 2013y el 14 de noviembre de 2016 -fecha en que se presentó la denuncia- se habrían producido los hechos más graves referentes a una de las dos niñas. La menor tenía 12 años cuando tuvieron lugar los primeros abusos que continuaron hasta los 17 años, sostiene la acusación pública.

Según la Fiscalía, el acusado, valiéndose de la prevalencia que tenía sobre la niña por su condición de esposo de la madre, "solía aprovechar los ratos en los que se encontraba a solas" con ella para "efectuarle tocamientos". Añade que la menor "en principio se resistió pero él forcejeaba y le amenazaba". La víctima sufría este abuso todos los días, incluso a veces en dos ocasiones en una misma jornada, y la situación se prolongó durante cuatro años, añade el fiscal.

Esta relación comenzó en 2013 cuando las niñas llegaron a España desde Bolivia, su país de origen.