Las tres mujeres liberadas, que se encuentran en perfecto estado y en una casa de acogida, vivían en unas condiciones muy precarias en el club, en el que el empresario las obligaba a prostituirse contra su voluntad en un horario superior, en muchos casos a las once horas diarias.

Además de prohibirles la salida de las instalaciones, las mujeres solo recibían un plato de comida al día y eran penalizadas en caso de no poder trabajar, tanto por enfermedad como por cualquier otra cuestión.

La Policía Nacional se encargará ahora de realizar los correspondientes trámites sobre su situación administrativa, que podrían derivar en su regularización o en su devolución a Venezuela, ya que le serán aplicadas las obligaciones recogidas en la Ley de Extranjería.

Maica Larriba, subdelegada del Gobierno, solicitó la colaboración ciudadana en la denuncia este tipo de delitos, ya que ésto pone a las fuerzas de seguridad sobre pistas que pueden derivar en investigaciones efectivas.